Abengoa ha vuelto a aplazar de nuevo los vencimientos de sus instrumentos de deuda hasta el próximo 28 de julio, según ha notificado la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía indica que «ha obtenido nueva autorización de las entidades acreedoras para la extensión del plazo de vencimiento de los ‘Instrumentos de Deuda NM2’ siendo el nuevo plazo de vencimiento el 28 de julio de 2021, sujeto a determinadas condiciones».

Este nuevo aplazamiento afecta al contrato de línea de liquidez sindicado firmado por el grupo el 17 de marzo de 2017, novado modificativamente el 25 de abril 2019 (el contrato ‘NM2’) y a la
emisión de bonos emitidas el 17 de marzo de 2017 -los bonos ‘NM2’, conjuntamente con el contrato ‘NM2’ (los instrumentos de deuda ‘NM2’).

Abengoa solicitó el pasado mes de febrero la declaración de concurso voluntario de acreedores debido a que no había logrado que los acreedores financieros otorgaran los consentimientos para extender de nuevo el plazo para el cierre y ejecución del acuerdo de reestructuración.

A mediados del pasado mes de marzo, Abengoa solicitó a SEPI el rescate para su sociedad Abenewco 1, a la que traspasó los activos y las actividades más valiosos de la matriz, por un importe de 249 millones de euros.

En concreto, la empresa presentó al ‘holding’ público una solicitud de apoyo público temporal con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado por el Gobierno para ayudar a compañías impactadas por la crisis del Covid-19 y dotado con 10.000 millones de euros.

En mayo, el fondo estadounidense Terramar presentó una oferta de rescate para Abenewco 1, que cuenta con la oposición del grupo de accionistas minoritarios AbengoaShares.

El pasado 7 de julio, el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla declaró la suspensión de las facultades patrimoniales de Abengoa, accediendo así al cambio de régimen solicitado el pasado 22 de junio por la administración concursal de la empresa (Ernst & Young Abogados).

Asimismo, resolvió que los derechos políticos y económicos de la concursada en sus filiales pasarán a ser ejercidos por la administración concursal.

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