El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), envió este viernes a la Cámara de Diputados una iniciativa, con proyecto de decreto, para reformar y adicionar diversas disposiciones de la vigente Ley de Hidrocarburos.

La iniciativa tiene como eje central devolver a la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) el control de precios y llevar a cabo cambios en el transporte, distribución, comercialización, venta y almacenamiento de combustibles.

Al igual que la suspendida Ley de la Industria Eléctrica que da prioridad a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas, la iniciativa para reformar la Ley de Hidrocarburos señala que la participación del sector privado pone en riesgo la seguridad y la economía del país.

La reforma, promovida por López Obrador, abarca los sectores de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y busca tumbar la reforma estructural que promovió en 2014 su antecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018).

«Es imperativo el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado mexicano como garantes de la seguridad y soberanía energética y palanca de desarrollo nacional, para detonar un efecto multiplicador en el sector privado», se indica en la exposición de motivos del documento enviado a la Cámara de Diputados.

Además, se señala que en el sector energético del país «ha imperado la corrupción, el robo de combustible y el desabasto de gasolinas».

Ante ello, la iniciativa busca desincentivar y castigar diversas prácticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y productos petrolíferos, así como reordenar diversas actividades económicas en el sector con el objetivo de combatir la corrupción, garantizar el abasto, así como proteger la economía nacional y los ingresos que percibe el Estado.

También propone reformar el régimen de sanciones para que se imponga la revocación de permisos de operación a los sujetos que reincidan en conductas contrarias a la Ley, como en los casos de robo de hidrocarburos y de expendedores que adquieran combustible robado.

Según el documento, la Secretaría (ministerio) de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) podrán suspender temporalmente los permisos expedidos «cuando se prevea un peligro inminente a la seguridad nacional, a la seguridad energética o para la economía nacional».

La carta, firmada por el presidente mexicano, fue enviada este viernes a la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, y se prevé que el 7 de abril se le dé entrada y ese mismo día o el siguiente la iniciativa comience a ser discutida en una comisión parlamentaria.

El 18 de marzo, en el marco del 83º aniversario de la expropiación petrolera en México, Pemex prometió producir 2 millones de barriles de diarios a finales de 2021, aunque el presidente López Obrador afirmó que ese será el límite para que el país refine y consuma toda la producción nacional, sin exportaciones.

El anuncio del gobernante mexicano se dio en su natal estado de Tabasco, sureste de México, donde recargó su discurso por una «soberanía energética» y su apuesta por los combustibles fósiles.

«He reafirmado en los hechos el compromiso que adquirí de frenar la privatización del sector energético. Repito lo que he venido diciendo a lo largo de muchos años: el único dueño del petróleo es el pueblo de México», sostuvo el mandatario.

López Obrador ha prometido «rescatar» a Pemex, pero la petrolera más endeudada del mundo sufrió en 2020 la «peor crisis de su historia» con una pérdida neta de 21.417 millones de dólares, un 38,fr2 % más que el resultado también negativo de 2019.

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