La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, Anpier, ha dicho que recurrirá cualquier disposición que amplíe los plazos de conexión a proyectos renovables a los que se les caduque el plazo para cumplir los hitos de los proyectos y poner en funcionamiento las plantas de generación.

Anpier, que agrupa a pequeños y medianos productores fotovoltaicos, se pronunciaba así este viernes en un comunicado ante las noticias de que algunos de los que tienen esos permisos están alertando de que no podrán cumplir los plazos por retrasos de las administraciones en la tramitación de las autorizaciones necesarias para los proyectos.

Según Anpier, existe la posibilidad de que se produzca un «nuevo agravio» entre los grandes operadores del sector energético y las iniciativas sociales.

La asociación recuerda que entre 2007 y 2010 se establecieron unos plazos para que las instalaciones fotovoltaicas que accedían al sistema iniciaran su producción y evacuación a la red de distribución.

En ese caso, los pequeños productores que, por problemas en los suministros de material y retrasos burocráticos, no cumplieron los hitos establecidos de evacuación de energía quedaron expulsados del régimen retributivo, en algunos casos sólo por algunas horas de retraso y otros por días.

Anpier ha señalado que la Administración continúa haciendo inspecciones hoy en día, y si una instalación no realizó el vertido en tiempo y forma, pierde todos los derechos retributivos y tiene que reintegrar los ingresos percibidos.

Sin embargo, ahora hay operadores que acaparan desde hace años los puntos de evacuación del sistema eléctrico y en muchos territorios no hay prácticamente evacuación posible, y como no pueden cumplir con los plazos establecidos en la normativa de acceso y conexión para poner en funcionamiento instalaciones de generación, pretenden mantener los derechos de acceso por más tiempo, según Anpier.

El Gobierno aprobó en diciembre de 2020 un real decreto relativo al acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica para evitar que hubiera personas que acumularan derechos de acceso y conexión, con la única intención de venderlos luego a altos precios y no para poner en marcha ningún proyecto, obstaculizando, además, la entrada a promotores con proyectos.

En el real decreto del Gobierno, se establecían las causas de caducidad de los permisos y para ser firmes debían cumplir determinados hitos administrativos en plazo.

Los permisos caducan si transcurridos cinco años desde su obtención, no se logra la autorización administrativa de explotación y si no se acredita ante el gestor de la red el cumplimiento de los hitos administrativos en tiempo y forma, los permisos de acceso y conexión concedidos caducan automáticamente.

Para Anpier, los plazos establecidos son «realistas» y tienen en consideración posibles retrasos de la Administración en la gestión normal de los expedientes.

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