Berkeley ha asegurado este miércoles que la Ley de cambio climático no afectará a su proyecto en Retortillo (Salamanca), para el que tiene ya otorgados más de 120 permisos, quedando únicamente pendiente la autorización para la construcción de la planta de tratamiento como instalación radiactiva, que fue solicitada en 2016 al entonces Ministerio de Industria.

La compañía ha explicado que, según lo publicado, a partir de la entrada en vigor de esta ley no se admitirán nuevas solicitudes para*exploración, investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas regulados al amparo de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, ni minerales radiactivos, cuando tales recursos sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles.

«Por lo tanto, en el caso de Berkeley, no se cancelará ninguna de sus concesiones de explotación ni derechos ya adquiridos, ya que este articulado hace referencia explícita a nuevas solicitudes», defiende la compañía.

En virtud de un nuevo artículo, desde la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático no se admitirán tampoco nuevas solicitudes de autorización de instalaciones radiactivas de combustible nuclear*para el*procesamiento de minerales radiactivos, entendiendo como tales instalaciones las definidas en el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.

Según Berkeley, este nuevo artículo supone un «giro radical» a la propuesta de enmienda inicial promovida por PSOE-Podemos en la que se proponía prohibir radicalmente la explotación de minerales radiactivos desde el momento de entrada en vigor de la Ley e incluso archivar los expedientes en tramitación.

Para Berkeley, el cambio es «sustancial» y «no afecta ni a las concesiones ya en vigor, ni a los expedientes en tramitación que deberán seguir su curso hasta la resolución final y en base a la reglamentación actual».

Sobre la autorización de construcción pendiente que se solicitó en 2016, Berkeley subraya que para que la resolución pueda ser realizada por el ahora Ministerio para la Transición Ecológica, el Consejo de Seguridad Nuclear, que ya «ha informado favorablemente hasta en nueve ocasiones sobre este proyecto», deberá producir el informe que le fue solicitado por el Ministerio, según lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas.

«La tramitación de este último permiso se llevará a cabo en base a la reglamentación vigente y en base a criterios exclusivamente técnicos, los cuales la compañía está segura de haber cumplido», afirma.

La compañía ya ha invertido más de 94 millones de euros en la mina de Retortillo y tiene previsto invertir cerca de 90 millones de euros adicionales en su construcción. En total, la compañía prevé destinar un total de casi 400 millones de euros durante la vida de inicial de la mina.

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