La Comisión Europea (CE) ha aprobado la revisión del plan de recuperación de España, que elimina el plan para introducir peajes en autopistas y con la que se movilizarán un total de 93.500 millones de euros adicionales, 7.700 millones de ellos en transferencias y 83.200 millones de euros en préstamos, a los que se unirán los casi 2.600 millones de euros del nuevo mecanismo para financiar la transición verde RepowerEU.

Esta partida se suma a los 37.036 millones de euros que España ha recibido hasta la fecha y abre también la puerta a la solicitud de forma “inminente” del cuarto pago de 10.000 millones de euros.

España podrá recibir los primeros 1.400 millones de euros a modo de prefinanciación, equivalente al 20% del total del monto previsto para inversiones, una vez que los 27 den su visto bueno en un máximo de cuatro semanas a la decisión presentada este lunes por Bruselas.

El fondo anticrisis para la energía de España

El nuevo plan incluye la simplificación de los procedimientos de concesión de permisos para la producción de energías renovables y para las infraestructuras de la red eléctrica, así como siete nuevas inversiones en energía renovable y transición ecológica, tales como un sistema de apoyo a la producción y adopción de hidrógeno renovable o un sistema de subvenciones para apoyar la cadena de valor de la energía renovable y el almacenamiento de energía, entre otros.

Además, la revisión modifica 52 medidas del plan original justificadas por “circunstancias objetivas” como las perturbaciones en la cadena de suministro, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y el impacto duradero del Covid-19; la falta de demanda y el aumento de los precios debido a la elevada inflación o las dificultades jurídicas o técnicas inesperadas han llevado a modificar algunos elementos o a retrasar la aplicación.

Entre esas modificaciones destaca la eliminación del plan para introducir el pago de peajes en autopistas a partir de 2024, que se ha sustituido por el impulso al transporte ferroviario con el fin de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que Bruselas considera que “mantiene el nivel de ambición” de la anterior medida y aborda las recomendación específicas para España en este ámbito.

Fuentes comunitarias han explicado que lo que “convenció” a la Comisión para aceptar la sustitución fue que el sistema revisado de comercio de derechos de emisión incluye ya el transporte por carretera y las viviendas, por lo que ya se prevé que estos sectores paguen por sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Acorde a la evaluación del Ejecutivo comunitario, los acuerdos descritos por las autoridades en el plan modificado y los compromisos conexos del plan inicial, así como los acuerdos ampliados relativos al uso de instrumentos financieros, justifican una calificación la máxima calificación para España en la aplicación del plan, a excepción del punto relativo al ‘Estimaciones de costes razonables y plausibles’, que se aplica a los planes de todos los Estados miembro porque Bruselas considera “imposible” tener una estimación ‘ex ante’ de los costes de forma “precisa”.

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