El Gobierno espera que el plazo de un mes para que promotores con permisos de acceso en trámite y que vean difícil llevar sus proyectos a cabo libere capacidad de acceso a la red y que queden los que tengan viabilidad.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han comentado esa posibilidad que se ha introducido dentro del real decreto-ley que incluye la prórroga de nueve meses para cumplir los hitos intermedios para no perder los permisos de acceso a la red para instalaciones renovables que los tienen solicitados y que podrían perderlos en enero o abril próximos ante el colapso de tramitación en las administraciones públicas.

En la actualidad, hay 150 gigavatios (GW) solicitados, por encima de los 30 GW para 2025 y los 60 GW para 2030 previstos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), es decir, muy por encima de los que es razonable pensar que se realizarán.

Para obtener la declaración de impacto ambiental o la autorización de construcción, habrá nuevos meses más respecto a las fechas previstas en el real decreto de 2020 que estableció los plazos para cumplir esos hitos administrativos.

Fuentes del Ministerio ha indicado que la extensión del plazo no implica solicitar requisitos adicionales a los promotores, sino que lo que va a hacer es permitir a las administraciones autonómicas y a la Administración General del Estado garantizar que las evaluaciones ambientales se hagan con todas las garantías posibles.

Han destacado que ésto puede ayudar a superar el rechazo social que se está produciendo en algunos territorios a la implantación de renovables, pues en algunos se han acumulado muchos proyectos.

En cuanto a la ventana de un mes para que haya promotores que puedan abandonar la tramitación sin perder las garantías que tuvieron que depositar para iniciar el proceso, consideran que puede ayudar a limpiar la cartera de algunos promotores que ven que sus proyectos no van a salir por el rechazo social o su impacto ambiental.

Con eso, esperan que los proyectos que queden tengan más viabilidad y eliminar el rechazo social en algunos territorios por la avalancha de proyectos renovables en espacios de terreno bastante limitados.

Han recordado que en 2020 ya hubo esa posibilidad, pero los promotores tenían menos información y no hicieron uso de ella, pero luego algunos se han dado cuenta de que sus proyectos tenían difícil salida.

Las mismas fuentes han señalado que esperan que los proyectos que verdaderamente son viables sigan adelante y se puedan tramitar en tiempo y forma, mientras que desaparezcan otros que se presentaron sin trabajar con el territorio o ir a conocer la zona donde los iban a poner.

Por otro lado, han señalado que la posibilidad de que se pueda hacer autoconsumo compartido no sólo en instalaciones de baja tensión, sino también de alta, como ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, soluciona un problema que afectaba a edificios públicos o instalaciones municipales que no se podían unir a una instalación de autoconsumo de viviendas del entorno.

Además, han indicado que el que las instalaciones de autoconsumo de hasta 100 kilovatios no tengan que presentar garantías para pedir un punto de conexión facilitará bastante la tramitación, al tiempo que han destacado el refuerzo del marco sancionador para los gestores de redes que no cumplan el marco normativo o no den por buenas tipologías de conexión de autoconsumo que están permitidas.

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