El Gobierno negocia con las empresas de renovables adelantar un año el ajuste que se hace en la retribución que reciben por la diferencia entre la rentabilidad que tienen garantizada y los precios a los que venden en el mercado mayorista, lo que podría ayudar a contener la factura de los consumidores.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho este jueves, en una entrevista en RNE, que se está trabajando para evitar que las empresas del régimen de retribución específico de renovables, cogeneración  y residuos (Recore) cobren tanto por adelantado como lo que están percibiendo en estos momentos.

Con esta medida de carácter excepcional se pretende contribuir a aliviar las facturas de los consumidores, afectada por los altos precios mayoristas, actuando sobre la parte regulada, en la que se incluyen cargos para financiar, entre otras cosas, la retribución que tienen garantizada las instalaciones que están en el régimen Recore.

Ribera ha señalado que, en cualquier caso, la rentabilidad total no se verá afectada, al ser preguntada por la información que hoy publica Cinco Días sobre que las empresas de renovables renunciarían así a cobrar 3.000 millones de euros en este año, con el adelanto en un año (a fecha de 1 de enero de 2022) del ajuste de la retribución, en lugar del 1 de enero de 2023, que es cuando correspondería.

La ministra ha señalado que hay un sector de las renovables que cuenta con un sistema de garantía de rentabilidad, que tal y como fue diseñado, hace que en estos momentos cobren por adelantado mucho más que su rentabilidad asegurada.

A las instalaciones que están en el régimen Recore se les compensa la diferencia entre la rentabilidad que tienen garantizada (7,34 %) y el dinero realmente cobrado por sus ventas en el mercado mayorista (actualmente con altísimos precios) en un periodo de tres años, al término del cual se les ajusta la diferencia que haya a favor o en contra.

Ribera ha dicho que hay que trabajar para ajustar la circunstancia que se ha producido, garantizando en todo caso la rentabilidad que la ley fija para esas instalaciones, «pero evitando que haya un cobro por adelantado tan importante como el que se está produciendo» por el «desajuste tan grande que hay actualmente entre los precios del mercado mayorista» y los costes que tienen esas renovables.

Preguntada si la reducción en la retribución a las compañías en este año podría ser de entre 2.000 y 3.000 millones, la ministra ha respondido que esa cifra «incorpora una estimación de lo que se dejaría de cobrar a futuro y depende de cómo establezcamos ese ajuste», pero ha dicho que las empresas cobrarán «hasta el último céntimo» de la rentabilidad razonable que tienen asegurada por ley.

Fuentes del sector han indicado a Efe, que las asociaciones de renovables, APPA, UNEF, AEE, Anpier y Protermosolar han alcanzado un acuerdo de mínimos que enviaron al ministerio en febrero en el que se mostraban abiertos a esa revisión adelantada, de manera excepcional, de los parámetros retributivos para que se haga en 2022 y no en 2023, aunque han señalado que no incluía unos precios para la energía.

De momento, se encuentran a la espera de que el ministerio, con el que ya habían mantenido reuniones antes, les vuelva a convocar.

Han indicado en estos momentos es difícil calcular la cifra que podría alcanzar el ajuste porque hay que hacerlo instalación por instalación, dentro de las cuales existen diferentes tipologías.

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