El borrador de la creación del nuevo impuesto al carbono en frontera de la Unión Europea, conocido como mecanismo de ajuste sobre el carbono en la frontera (CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism en inglés) podría tensionar aún más las relaciones de España con Marruecos.

Según el borrador, al que ha tenido acceso Bloomberg, la intención es frenar la entrada de productos con alta huella de carbono producidos en otros países con objetivos menos ambiciosos que la UE.

El documento indica que la Unión Europea está elaborando un reglamento para crear una autoridad de ajuste del carbono en la frontera, que impondría costes de emisión de carbono a bienes importados como el acero, el cemento, la electricidad y los fertilizantes. Se cubrirían tanto las emisiones directas como las indirectas. En cuanto al calendario, la propuesta se introduciría gradualmente a partir de 2023, para llegar a la plena aplicación a partir de 2026.

¿Y en qué afecta a Marruecos? Uno de los temas más escabrosos y que creó indignación en el sector del carbón español así como en algunos partidos políticos fuera el hecho de que España cerrase sus minas y centrales térmicas de carbón para comprar electricidad a Marruecos, en gran parte producida por centrales de carbón.

Según fuentes conocedoras del borrador,  «toda la electricidad importada en la UE estará cubierta por la CBAM, y por tanto las importaciones a España desde Marruecos estarán cubiertas por el mecanismo».

¿Qué quiere decir esto? Que todos los GWh producidos desde las centrales de carbón tendrán que pagar el precio del CO2 que ya está instalado en Europa, es decir más de 51 euros por tonelada. Esto significa que la electricidad que España (era muy poca a lo largo del año) compraba a Marruecos dejará de hacerlo. Prácticamente desaparecerá el flujo ya que en España la electricidad será igual o más barata, y entonces será España quien exporte electricidad.

Los importadores tendrían que obtener un identificador único asignado por la autoridad CBAM, y tendrían que comprar «certificados digitales» a un precio vinculado al coste de los permisos en el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (el mercado de carbono de la UE). Los certificados serían por tonelada de emisiones de dióxido de carbono de los productos importados. En este caso, electricidad.

Además, la industria marroquí también se podría ver afectada. Todo ello empujará a aumentar al tensión entre ambos países y la UE que en las últimas semanas se ha acrecentado por la crisis del Sáhara Occidental y la riada de inmigrantes a Ceuta.

 

Paquete Fit for 55

La creación del CBAM entra dentro del paquete de medidas «Fit for 55» de la Comisión Europea cuyo lanzamiento está previsto para el 14 de julio. Dicho paquete de medidas tendrá como objetivo situar a la UE en la senda de la reducción del 55% de las emisiones de CO2 para 2030, con el fin de que la UE esté en camino de alcanzar las emisiones netas cero a mediados de siglo.

El paquete abarcará un amplio abanico de políticas: desde las energías renovables hasta la eficiencia energética, pasando por el rendimiento energético de los edificios, así como el uso del suelo, la fiscalidad de la energía, el reparto de esfuerzos y el régimen de comercio de derechos de emisión, que regula el mayor mercado de carbono del mundo.

Algunas voces ponen el foco en que la creación del CBAM puede crear conflictos con países vecinos. Así, Tim Gore, Jefe del Programa de Economía Circular con Baja Emisión de Carbono, IEEP, asegura que»este proyecto puede ser compatible con la OMC, pero eso no significa que los socios comerciales estén de acuerdo con él. En particular, no se abordan las preocupaciones de los países menos desarrollados y vulnerables al clima, ya que no se hace referencia a las posibles exenciones o al uso de los ingresos para apoyar su transición hacia la baja emisión de carbono. La UE tendrá que intensificar su compromiso diplomático con estos países en particular».

Por su parte, Johanna Lehne, asesora política senior de E3G afirma que «no hay nada muy sorprendente en esta propuesta. La CE lleva meses dando a conocer el esquema general. Lo que tenemos es una herramienta bastante limitada orientada a la gestión de los intereses internos por encima de las consideraciones externas y climáticas. Se centra en un puñado de sectores, se mantiene la libre asignación durante un periodo no especificado, lo que aumenta el riesgo de que se interprete como una doble protección, y los ingresos se reservan para el presupuesto de la UE. En términos de comercio real, el impacto se dejará sentir principalmente en los países vecinos de la UE. Sin embargo, eso no excluye la posibilidad de que los socios comerciales no reaccionen con fuerza sólo en términos simbólicos. En resumen, va a ser un gran impulso político sin mucho que mostrar en términos de acción climática».

Por si no había suficiente con la crisis con Marruecos, ahora Europa le impondrá una tasa climática a sus productos. Toca negociar.

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