El presidente del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), José María Serena i Sender, ha comparecido esta tarde en la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados para informar sobre las cartas con presiones recibidas en el CSN durante los últimos meses por parte de directivos y accionistas de la empresa Berkeley, instando a que el organismo regulador autorice el proyecto minero de uranio en Retortillo (Salamanca).

El pasado 26 de enero, Serena i Sender remitió una carta al presidente de la Comisión para la Transición Ecológica en la que le informaba de solicitudes e insinuaciones impropias que el regulador había recibido en forma de cinco misivas procedentes del entorno de la empresa minera australiana Berkeley y que consideraba conveniente hacer llegar a la Comisión ante la que rinde cuentas.

Dichas misivas son la carta del director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León (con fecha de 8 de julio de 2019), del presidente ejecutivo de Berkeley Minera España (con fecha de 16 de octubre de 2020), del socio director de Herbert Smith Freehills Spain -despacho de abogados contratado por Berkeley Minera España- (con fecha de 10 de diciembre de 2020), de la World Federation of Investors, WFI (con fecha de 31 de diciembre de 2020) y de la directora ejecutiva de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, AEMEC (con fecha 7 de enero de 2021).

Solicitudes e insinuaciones impropias

En su comparecencia, Serena i Sender ha explicado por qué el regulador decidió poner en conocimiento de dicha Comisión y de la Abogacía del Estado unas cartas que, desde el regulador, se consideran impropias.

Según Serena i Sender, entre julio de 2019 y enero de 2021 se recibieron cinco cartas relacionadas con la evaluación de la solicitud de informe sobre la autorización de construcción de la planta de concentrados de uranio en Retortillo por la multinacional australiana Berkeley.

A lo largo de esas cinco misivas se realizaron alusiones improcedentes, como «insinuar que el CSN pueda llegar a tomar sus decisiones atendiendo a consideraciones políticas o ideológicas, y no exclusivamente técnicas», que «los representantes de la empresa de asesoría legal de Berkeley señalaran que, de no pronunciarse el CSN con carácter inmediato y ‘en cualquier caso previamente a la aprobación de la Ley de Cambio Climático’, reclamarán cuantas responsabilidades les ampare el Estado de Derecho», así como indicar que, a su juicio, «la enmienda a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es ‘manifiestamente ilegal’, y que “atenta gravemente contra los intereses de la minería de uranio en general y de los proyectos de Berkeley en particular”, así como la «continua insistencia para que el CSN precise ‘cuándo va a tomar finalmente la decisión de convocar al Consejo del CSN para la emisión’ del informe» ha señalado Serena i Sender.

Según el presidente del regulador, «la misión legalmente encomendada al Consejo es la de garantizar la protección de los ciudadanos, los trabajadores y el medio ambiente frente a los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, asegurando que las instalaciones nucleares y radiactivas operen de forma segura en lo relativo a su diseño, emplazamiento, construcción y explotación, sin entrar a valorar otros aspectos de las instalaciones y actividades conexas más allá de la seguridad nuclear y la protección radiológica». Porque, ha aclarado, «corresponde exclusivamente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la competencia de autorizar o no la construcción de una planta de procesados de uranio en Salamanca» y «es competencia del CSN emitir su informe preceptivo, evaluando la seguridad nuclear y radiológica de la planta, nada más».

«La independencia, la credibilidad y el buen quehacer técnico e institucional del organismo que presido deben quedar fuera de toda duda» ha añadido Serena i Sender, y «para defender esos principios rectores del CSN, solicitó el amparo de la Comisión y el de la Abogacía del Estado”.

Proyecto de Retortillo

Serena i Sender ha aprovechado su comparecencia para explicar la situación en la que se encuentra «un proyecto de gran envergadura y complejidad». De hecho, según su intervención, se trata de un proyecto que tiene dos vertientes distintas. Por un lado, el proyecto de una mina de uranio que, por resolución de la Dirección General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León en 2014, otorgó a Berkeley Minera España la concesión derivada de la explotación Retortillo-Santidad en la provincia de Salamanca.

Y, por otro lado, el licenciamiento de una planta de fabricación de concentrados de uranio en el municipio de Retortillo, que incluye el mencionado repositorio geológico de residuos radiactivos. La planta de procesado de concentrados de uranio constituye una instalación de primera categoría del ciclo de combustible nuclear, por lo que requiere para comenzar a operar de tres autorizaciones distintas: la de emplazamiento, la de construcción y la de explotación.

Finalmente, el presidente del CSN ha informado que el 9 de febrero también solicitó formalmente comparecer en la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para informar de los informes anuales de actividad correspondientes a los años 2018 y 2019, así como del nuevo Plan Estratégico del CSN.

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