El mecanismo aprobado por el Gobierno para que nucleares, hidráulicas y renovables sin primas devuelvan la, a su juicio, retribución de más obtenida en el mercado diario mayorista eléctrico (pool) por los altos precios del gas supondrá para Endesa e Iberdrola unos 2.000 millones de euros.

El 17 de septiembre, entró en vigor el real decreto-ley aprobado por el Ejecutivo con medidas para amortiguar el impacto de los altos precios del mercado mayorista en el recibo de hogares, entre las que destaca que esas centrales tengan que devolver el 90 % de los beneficios «extra» que están obteniendo del pool al calor de los altos precios del gas.

Esta medida, estará vigente hasta marzo de 2022 y el Ejecutivo prevé captar con ella unos 2.600 millones de euros, que se destinarán a reducir los cargos del sistema y de los que el 80 %, más de 2.000 millones, corresponderán a Endesa e Iberdrola, han estimado este martes fuentes del sector, que han denunciado que las eléctricas tendrán que devolver «algo que en realidad no han ingresado».

Esto es así, porque las productoras tiene gran parte de la energía vendida a un año vista y a precios muy inferiores (unos 50/60 euros megavatio hora) a los que actualmente marca el pool, que se encuentra en máximos históricos (ha llegado a marcar 188,18 euro megavatio hora).

Esa energía, por tanto, no recibe el precio que se paga en el mercado, según las mismas fuentes, que han añadido que, en el caso de los grandes grupos, que tienen generadoras y comercializadoras, se da la paradoja de que, además, tienen que acudir al mercado diario para poder satisfacer la demanda de todos sus clientes.

«El real decreto ley impone una obligación de pago por unos ingresos que no se han obtenido, el gran problema es que busca un dinero que no existe y que se lo quiere cobrar a unas empresas que no lo han cobrado», según la misma fuente, que ha añadido que el saldo semanal de este tipo de empresas con el operador del mercado OMIE siempre es «a pagar».

Ante las críticas vertidas desde el sector advirtiendo de esta situación, el Ministerio para la Transición Ecológica publicó una nota aclaratoria en la que se especificaba que la minoración de ingresos sólo afectará a los contratos a largo plazo que estén indexados al pool, salvo en el caso de las ventas de energía hechas entre compañías de un mismo grupo (desde la generadora a la comercialidazora).

Así, esta aclaración alivia la situación de los pequeños productores pero no exonera a las grandes corporaciones, en las que la filial generadora vende lo que produce a sus comercializadoras (que son las que contratan directamente con los clientes finales), según las mismas fuentes, que han considerado que, además, dicha nota no tiene validez legal.

En cuanto a la posibilidad de recurrir el real decreto-ley, desde el sector han explicado que dado su rango de ley sólo puede ser recurrido ante el Tribunal Constitucional por organismos como las comunidades autónomas o los grupos parlamentarios.

Según las mismas fuentes, esta normativa rompe las leyes del mercado, españolas y europeas, por lo que la Comisión Europea «hablará», y espantará a los inversores, porque, aunque inicialmente se haya limitado su aplicación a seis meses, «la tentación de sacarla del cajón cada vez que suba el precio del gas estará ahí» y eso «condiciona todo el clima de inversión a futuro».

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