El Tribunal de Cuentas ha recomendado agilizar la tramitación de las ayudas concedidas con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, para incrementar su eficacia en la financiación de mecanismos para aumentar la eficiencia energética en diferentes sectores y contribuir a alcanzar el objetivo de ahorro energético nacional.

Así lo indica en su informe de fiscalización de la actividad del Fondo, en el que analiza la actividad desarrollada desde la creación del Fondo en 2014 y todas las convocatorias de ayudas efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2019 y su situación a finales de 2020.

El Fondo de Eficiencia Energética se nutre de las aportaciones de empresas comercializadoras de gas y electricidad, operadores de productos petrolíferos al por mayor y operadores de gases licuados de petróleo al por mayor.

En el periodo 2014 a 2019, el Fondo ingresó 1.131 millones de euros por estas aportaciones.

El Tribunal de Cuentas recomienda también al Instituto para el Ahorro y la Diversificación Energética (IDAE), que gestiona el Fondo, que adopte medidas para agilizar las convocatorias de nuevas líneas de ayudas para reducir el tiempo que transcurre desde su aprobación y su puesta en marcha o convocatoria, así como contar con medios para reducir los plazos de tramitación de las solicitudes de ayuda.

Según el órgano fiscalizador, el plazo medio transcurrido desde la aprobación de las líneas de ayuda hasta la publicación de las convocatorias es de unos tres meses, aunque ha llegado a superar en ocasiones los nueve.

El órgano fiscalizador también hace otra recomendación a la Secretaría de Estado de Energía para que ponga en marcha un mecanismo de acreditación de la consecución de ahorros energéticos por parte de las empresas obligadas por el Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética, que deberían presentar certificados de ahorro energético que acrediten la realización de actuaciones de eficiencia energética.

Según el Tribunal de Cuentas, la falta de desarrollo por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de este mecanismo de acreditación, ha motivado que el cumplimiento de las obligaciones de ahorro energético se realice exclusivamente mediante las actuaciones llevadas a cabo por el Fondo con las aportaciones que recauda a través del Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética.

Con la implantación de un mecanismo de acreditación, se conseguiría, según dice el Tribunal en su informe, implicar en el cumplimiento del objetivo de ahorro energético nacional a las empresas obligadas «más allá del ingreso de las aportaciones económicas al Fondo».

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