La organización Extinction Rebellion considera que la Ley de Cambio Climático cuya ponencia debatirá esta semana el Senado es un «lavado de cara verde para el Gobierno», porque se trata de una norma que para favorecer al «oligopolio energético» y por ello exige al Gobierno que convoque la prometida Asamblea Ciudadana para que la población pueda dictar sus propias decisiones sobre la crisis climática.

La «ley tortuga», según la organización, condena a España al «colapso ecológico y a la sumisión a los intereses de las compañías energéticas», señala en un comunicado en el que acusa al Gobierno de priorizar con la nueva ley a los «intereses de los poderosos frente a la vida de las personas a las que dice representar».

Para los activistas, esta ley parece realizada desde los sectores más reaccionarios y negacionistas, ya que no hace frente al problema «inminente» del cambio climático y contempla unos plazos que para la ONG son «incompatibles con la supervivencia de los ecosistemas».

Así, lamentan que la falta de ambición de una ley que niega la «urgencia» necesaria para afrontar la crisis climática y que pone en riesgo la consecución de los objetivos internacionales ya de por sí «poco ambicioso».

En su opinión, elevar del 20 al 23 por ciento los niveles de reducción de emisiones de CO2 en 2030 es una forma de «poner un parche para blanquear la imagen de un Gobierno que no le planta cara a la crisis climática».

Otra de sus críticas a la norma que está a punto de aprobarse en el Parlamento es que no hace mención al «ecocidio» que los movimientos ecologistas reclaman a nivel internacional como forma tipificada de delito.

En ese sentido, alerta de que esta ley no evitará «el expolio de los recursos que hacen empresas españolas en otros países y la contaminación que allí generan» y acusa a Europa de haber comenzado ya a expoliar el hidrógeno en Congo.

Por último, celebra que finalmente se haya incluido en la ley la creación de Asambleas Ciudadanas pero advierte de que el texto no reconoce en ningún momento que sus decisiones vayan a ser vinculantes, y la creación de un ‘Comité de Expertos’ como órgano responsable de evaluar medidas y emitir recomendaciones.

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