El catedrático e investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) Diego Rodríguez considera «extremadamente difícil» que el coste de la factura eléctrica de este año sea similar al de la de 2018, como ha prometido el Gobierno.

Rodríguez, que ha hablado sobre la formación de los precios de la electricidad en una sesión organizada por el Consejo General de Economistas y Fedea, ha señalado que, aunque 2018 tuvo el precio de la electricidad más alto de los últimos veinte años, el precio medio mayorista fue de 57,29 euros/megavatio hora (MWh).

Sin embargo, en este 2021 estará por encima de 100 euros/MWh de media anual, por lo que considera «extremadamente difícil» que la factura de un consumidor medio en 2021 sea similar a la de 2018, pues es «simplemente una cuestión de aritmética» y ya se han agotado «todos los instrumentos posibles» para amortiguar el impacto del precio mayorista.

Ha explicado que si se volviera a rebajar el IVA, solo quedaría un mes de facturación (diciembre), y ha señalado que todos los demás impuestos se han reducido al mínimo posible.

Por eso, cree que la media va a estar «claramente» por encima y sobre el incremento concreto ha dicho que es difícil saberlo, pues, según la promesa del Gobierno, habrá que descontar la inflación entre 2018 y 2021.

Ha augurado que habrá polémica sobre el cálculo, porque la promesa del Gobierno habla de un precio «semejante» y de un consumidor medio, cuyo consumo no se especifica, sin saber si puede ser el de los 4.400 kilovatios al año que considera Facua, con un alto consumo energético, o los de otras fuentes que cifran ese consumo medio en 3.000 kilovatios al año.

Respecto a la influencia del precio de la electricidad en el IPC, el investigador de Fedea considera que, como pasa con otros componentes del IPC en los precios regulados, la medida «no es muy fiel a la realidad», y cree que con el apoyo de las comercializadoras y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) podría medirse «de forma muy correcta».

Diego Rodríguez, que ha señalado que la medición de los precios de la electricidad en el IPC «debe ponerse al día», se ha referido a la modificación de la tarifa regulada o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC).

El investigador de Fedea cree que se debe cambiar la estructura del precio regulado de la electricidad para reducir el estrés que genera la volatilidad de los precios del mercado en los consumidores domésticos, que «son los que deben ser protegidos».

Para Rodríguez, se podría conferir mayor estabilidad al precio regulado a través de algún tipo de indexación a contratos a plazo.

Ha afirmado que debe potenciarse la contratación a plazo, pues además de aumentar la liquidez en los mercados, protege contra la volatilidad de precios, que va a aumentar en el futuro por la mayor penetración de renovables en el ‘mix’ energético.

Diego Rodríguez ha señalado que no le parece mal que haya una tarifa regulada para consumidores domésticos no vulnerables, pero sin introducir «mecanismos que puedan castigar a las comercializadoras libres», que no pueden ofrecer esas tarifas, y ha advertido contra mecanismos que puedan erosionar la capacidad de competir en el mercado libre, lo que «sería muy grave».

Leer artículo original…

Boletín de noticias

Boletín de noticias

Si desea recibir en su correo electrónico las últimas noticias de Capital Nostrum, suscríbase mediante este formulario.

Muchas gracias, hemos recibido su correo electrónico.