Iberdrola ha presentado en un juzgado de Bilbao una demanda contra el exresponsable de Control Corporativo José Antonio del Olmo, el notario Luis Ramallo y otras dos personas por irregularidades en el deposito de un documento notarial que vinculaba a la empresa con el excomisario Villarejo.

La demanda, presentada el pasado 12 de noviembre en un juzgado de primera instancia de Bilbao, incluye a Del Olmo, al notario y exdiputado del PP Ramallo, al exresponsable de Seguridad de Iberdrola y exinspector de policía Marcos Peña y al exdirectivo de la eléctrica Ángel Zarabozo.

A los cuatro les achaca irregularidades en el depósito notarial de un documento que Iberdrola sostiene que es falso, elaborado por el propio Del Olmo en el que figuraban supuestos pagos a la empresa Cenyt, vinculada al excomisario José Villarejo.

El documento, consignado en papel oficial de Iberdrola, fue depositado en diciembre de 2004 por Del Olmo, Peña y Zarabozo en la notaría de Ramallo junto con nueve facturas (ocho emitidas por Casesa y una por Cenyt) pagadas por la compañía, que sostiene que fueron robadas.

Según relata la demanda, Ramallo desconocía el contenido del sobre, pero aceptó el depósito sin comprobar el contenido; el propio Ramallo expuso que le fue entregado un documento «cuyo contenido desconozco, si bien los comparecientes manifiestan que no es contrario a las leyes, a la moral o a las buenas costumbres».

De todo ello se desprende, prosigue la demanda, que Ramallo «incumplió sus obligaciones como notario, lo que debe tener como consecuencia la nulidad del Acta por infracción en su autorización de normas imperativas del ordenamiento jurídico y, que los otros codemandados, o faltaron a la verdad en su comparecencia o desconocían, al menos, alguno de ellos, cuál era el verdadero y completo contenido del sobre».

El pasado 1 de octubre, otro juzgado bilbaíno dio la razón a Iberdrola en su causa contra Del Olmo, al considerarle culpable de revelación de secretos y robo de facturas, al entender que «retiró ilegítimamente de la sede de la empresa estos documentos confidenciales (…) y reveló ilícitamente su contenido con el ánimo de perjudicar a la empresa».

En julio de este año el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón imputó a Iberdrola Renovables -no a su matriz Iberdrola- como persona jurídica por la contratación irregular de empresas de Villarejo, imputación que fue confirmada el pasado 15 de noviembre; a finales de junio, el presidente del grupo Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, fue imputado por los mismos hechos.

A tenor de los investigadores, existen indicios de un delito de cohecho activo en Iberdrola Renovables por el encargo a Villarejo del llamado «Proyecto Wind», a través del que fuera el director de seguridad del grupo Antonio Asenjo, en 2011.

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