Iberdrola ha pedido al juez que investiga en la Audiencia Nacional presuntas irregularidades en la contratación de empresas vinculadas al excomisario Villarejo que se anulen todas las actuaciones, y alega que se encuentra en una situación de indefensión.

En el escrito presentado este viernes, Iberdrola recuerda que, en julio de 2020, la Audiencia Nacional aceptó la inhibición de un juzgado de Bilbao en relación con la querella presentada por la eléctrica contra el que fuera responsable de Control Corporativo José Antonio del Olmo.

En ella, la compañía acusaba a Del Olmo de presuntamente falsear un documento que habría elaborado él mismo para advertir de pagos a una empresa «que podría ser Cenyt», vinculada a Villarejo.

Pero desde esa fecha, Iberdrola no ha recibido notificación alguna sobre la causa ni de diligencias ni de autos, lo que no le ha permitido defenderse.

La compañía entiende que los actos de comunicación procesal -notificaciones, citaciones y emplazamientos- tienen un significado instrumental que los hace indispensables para la vigencia del derecho a la tutela judicial efectiva.

Además, «con la llamada al proceso de todas las partes personadas se hace posible no sólo el derecho de acceso a la jurisdicción, sino el principio de contradicción y, por medio de éste, el derecho de defensa», añade.

El titular del juzgado central de instrucción nº 6, Manuel García Castellón, ha imputado este viernes a Iberdrola Renovables, filial de Iberdrola, como persona jurídica por su relación con Villarejo.

Sin embargo, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, ha acordado el sobreseimiento libre para Del Olmo, al tiempo que ha rechazado la condición de Iberdrola como acusación particular al entender que «no sería perjudicada por los hechos que se investigan».

La falta de notificación de cuanto ha acontecido en la causa desde el momento en que debió hacerse realidad su incorporación a la misma, es decir, desde julio de 2020, implica una «evidente vulneración de un derecho fundamental, señala el escrito.

Ese silencio «es algo más que una simple infracción de naturaleza formal», añade, ya que «la capacidad para acceder al proceso en calidad de perjudicado y de formalizar una pretensión punitiva integra el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva».

La eléctrica entiende que no se puede expulsar a nadie de un procedimiento si no estaba dentro.

Los hechos que el juez atribuye a Iberdrola Renovables son un posible delito de cohecho por la contratación de empresas vinculadas a Villarejo para investigar a la sociedad suiza Eólica Dobrogea, con la que Iberdrola se había aliado para acometer proyectos en Rumanía.

Según el auto de imputación, existen indicios de la comisión de un delito de cohecho activo en el seno de Iberdrola Renovables por el encargo a Villarejo del denominado «Proyecto Wind», a través del que fuera director de seguridad del grupo energético, Antonio Asenjo, en 2011.

Esta contratación, prosigue el magistrado, se produjo mientras Villarejo se encontraba aún en activo en el Cuerpo Nacional de Policía, «con la finalidad de llevar a cabo una investigación sobre la sociedad Eólica Dobrogea, su accionista mayoritario Christopher Kaap y su apoderado Corneliu Dica».

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