Iberdrola ha presentado en la Audiencia Nacional un recurso de apelación contra el sobreseimiento de la querella que presentó contra el exresponsable de Control Corporativo de la eléctrica José Antonio del Olmo, al entender que se ha vulnerado la tutela judicial.

El escrito presentado este viernes se dirige contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que el pasado viernes imputó a la compañía por la contratación irregular de Cenyt, empresa vinculada al excomisario José Villarejo, y también sobreseyó la querella contra Del Olmo.

Además del sobreseimiento de la querella, el juez rechazó la condición de Iberdrola como acusación particular al entender que «no sería perjudicada por los hechos que se investigan».

A comienzos de 2020 Iberdrola presentó en un juzgado de Bilbao una querella contra Del Olmo por presuntamente falsear un documento que habría elaborado él mismo para advertir de pagos a una empresa «que podría ser Cenyt», de Villarejo.

En concreto, este documento, consignado en papel oficial de Iberdrola, fue depositado por el exdirectivo en una notaría de Madrid junto con un total de nueve facturas (ocho emitidas por Casesa y una por Cenyt) pagadas por la compañía, que sostiene que fueron robadas.

No obstante, la titular del juzgado se inhibió en favor de la Audiencia Nacional al considerar que existía conexión con la investigación que dirige el juez García Castellón.

Para la eléctrica, con el sobreseimiento el magistrado ha eludido abordar el delito de uso ilícito de documento falso, que tuvo lugar hace dos años y, por lo tanto, no ha prescrito, pues el plazo de prescripción son cinco.

Desde que la Audiencia Nacional aceptó la inhibición del juzgado de Bilbao sobre la querella, en julio de 2020, Iberdrola no ha recibido comunicación alguna sobre el proceso, lo que no le ha permitido defenderse.

De ahí que pidan a la Sala que se pronuncie sobre la no admisión de la compañía como parte perjudicada del proceso, y sobre la nulidad de las actuaciones, al menos, desde mayo de 2021, fecha en la que Iberdrola envió al juez hasta cuatro reclamaciones solicitando que se le comunicasen unas decisiones judiciales que nunca le enviaron.

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