La Agencia Internacional de la Energía (AIE) y el gestor francés de redes RTE consideran que sería posible mantener la estabilidad del sistema eléctrico en Francia incluso si la totalidad de la generación procediera de fuentes renovables.

En un informe publicado este miércoles, la AIE y RTE reconocen que podrían darse «dificultades específicas» si una parte importante de la electricidad fuera de energía fotovoltaica por su carácter variable.

Pero aunque sus conclusiones se tienen todavía que verificar a gran escala, insisten en que «existe consenso científico sobre la existencia de soluciones tecnológicas que permiten mantener la estabilidad del sistema eléctrico sin producción convencional».

Este estudio, que se ha realizado por un encargo en 2019 del Ministerio francés de la Transición Ecológica, plantea ocho escenarios diferentes en el horizonte de 2050 con un muy fuerte desarrollo de las energías renovables, que aumentarían su peso específico de forma sustancial.

Se trataba de analizar cuál sería el impacto sobre la red eléctrica si las renovables pasaran a representar entre un 50 % y un 100 % del total (en la actualidad la eólica y la solar juntas suponen alrededor del 10 %).

Con ese nuevo paisaje dominado por una producción variable como la de la energía eólica o fotovoltaica, el sistema eléctrico podría seguir respondiendo al consumo de forma permanente, pero eso necesitaría que se incrementara «de forma importante» su flexibilidad.

En concreto, sería necesario «el pilotaje de la demanda», el almacenamiento a gran escala, las centrales para los periodos de punta e interconexiones con otros países «bien desarrolladas».

Los autores del estudio reconocen que habrían de revisarse «sensiblemente» las reservas operativas y tendrían que mejorar los métodos de previsión de la producción renovable.

En resumen, habría que dedicar «esfuerzos sustanciales» para desarrollar las redes eléctricas a partir de 2030 tanto en el transporte como en la distribución, y eso pasa por una fuerte anticipación y por una gran implicación de los poderes públicos en la planificación a largo plazo.

Implicación, entre otras cosas, para que las nuevas infraestructuras sean aceptadas por la población.

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