La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) considera que la nueva factura eléctrica por tramos puesta en marcha por el Gobierno es «un lobo con piel de cordero» que sitúa la responsabilidad sobre las familias, y no sobre el modelo energético y sus deficiencias.

En una carta conjunta, la APE y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) muestran su preocupación por el incremento de las facturas durante los próximos meses y por cuáles pueden ser sus efectos en las familias más vulnerables.

Critican que se intente incentivar un consumo más consciente por parte de la ciudadanía concentrando gran parte de este en las horas valle, algo que, consideran, hace que los que lo puedan pagar mantengan los mismos hábitos, mientras que los que más difícil lo tienen han de adaptarse a los nuevos tramos.

Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo que se hace con esta nueva factura eléctrica es penalizar el consumo doméstico en las horas con más demanda y distribuir más equilibradamente el consumo a lo largo de las 24 horas del día, con el objetivo de intentar desplazar la demanda a períodos donde la saturación de la red es menor y, de este modo, evitar aumentar las inversiones.

Para la APE, el incremento de estas facturas puede ser el golpe definitivo para las familias vulnerables que aún están protegidas por la moratoria estatal vigente hasta el 9 de agosto, haciendo que aumenten considerablemente sus deudas.

Del mismo modo, temen que algunas familias que han ido pagando sus facturas de los últimos meses con apuros no puedan hacerlo a partir de ahora.

La CNMC, que reconoce que 3 de cada 4 hogares desconocían hace medio año la diferencia entre mercado libre y regulado, pide a las familias que desplacen al máximo su consumo fuera de horas punta.

Cálculos aparecidos en los últimos días y que recoge la carta de la APE indican que para poder rebajar la factura debemos concentrar entre el 40 % y el 50 % de nuestro consumo en horas valle, es decir, por la noche o durante los fines de semana, algo complejo tratándose España del segundo país de toda la Unión Europea con mayor porcentaje de población residiendo en pisos (64,6 %).

Consideran también que el Gobierno debería haber trabajado en reformas como el anteproyecto de ley para acabar con los beneficios caídos del cielo o la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que prepara el ministerio de Teresa Ribera, antes que situar toda la responsabilidad en la ciudadanía de a pie.

Desde la APE advierten de que están «al lado de quienes luchan por un modelo energético más justo, más social y ecológicamente responsable y que esté participado y controlado por la ciudadanía».

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