La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha corregido al juez instructor y ha vuelto a imputar a Repsol y CaixaBank, así como al presidente de la primera, Antonio Brufau, y el ex presidente de la segunda, Isidro Fainé, por la contratación por parte de ambas empresas del comisario José Manuel Villarejo para, presuntamente, espiar al entonces jefe de Sacyr, Luis del Rivero.

Así se recoge en un auto de este mismo lunes, en el que la Sección Tercera asegura que la investigación practicada hasta la fecha revela la existencia de indicios de conductas delictivas calificables como cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. En concreto, el encargo elaborado por Cenyt, el grupo de Villarejo, se habría llevado a cabo «a cambio de un precio que fue abonado por las empresas comitentes» y «que incluyeron el acceso a datos sobre el tráfico de llamadas telefónicas y otras comunicaciones».

La Sala estima de esta forma los recursos que presentaron la Fiscalía Anticorrupción, el empresario Luis del Rivero y Podemos contra el auto del juez instructor, Manuel García-Castellón, del pasado 29 de julio, en el que acordó el sobreseimiento provisional para los mencionados.

Todo ello en el marco de la pieza separada 21 de la macrocausa ‘Tándem‘, en la que el magistrado investiga la contratación en 2011 por parte de ambas mercantiles a Cenyt con el presunto objetivo de que espiara a Del Rivero para impedir que se hiciera con el control de Repsol –de la que CaixaBank es uno de los principales accionistas– a través de su alianza con la empresa mexicana Pemex.

 

INDICIOS DE QUE «LA INICIATIVA PARTIÓ DE BRUFAU»

En lo relativo a Brufau, el magistrado acordó sus sobreseimiento porque no constaba en la causa «más allá de las declaraciones prestadas, documento o grabación que acredite, al menos indiciariamente» la contratación de CENYT.

Sin embargo, la Sala argumenta que aunque no hubiese documentos que lo acreditase, si que existen «indicios de los que puede desprenderse que la iniciativa de llevar a cabo dicha contratación, así como de otras dirigidas a reaccionar contra el pacto SACYR-PEMEX, partió del señor Brufau».

En este punto, además, señalan que el propio presidente de Repsol habría sido «informado con detalle de los resultados de las gestiones del grupo CENYT, alguno de los cuales conllevaba información difícilmente obtenible de no haber mediado la intervención de funcionarios públicos».

Pero, además, el tribunal también analiza las declaraciones realizadas en el juzgado por Brufau y por el responsable de Seguridad de Repsol, Rafael Araujo, reafirmándose en que «hay indicios de que la orden de investigar pudo partir de la Presidencia» de la compañía, añadiendo además que «el presidente pudo ser informado de sus resultados».

FAINÉ, BRUFAU Y EL ENCARGO A CENYT

En cuanto a Fainé, la Sala incide en que las diligencias practicadas hasta la fecha también obligan a que continúe en el procedimiento. Y, en este contexto, hacen expresa alusión a unas declaraciones del propio expresidente de Caixabank.

«El señor Fainé ha reconocido en sus declaraciones el impacto que el acuerdo SACYR-PEMEX podía tener para Caixabank, en cuanto accionista de REPSOL, al afectar al poderse producir cambios en la composición de las mayorías de capital con acceso al control de esta última compañía», relatan.

En las mismas, recuerdan los magistrados, Fainé señaló que estaba de acuerdo, al hablar con Brufau, en que los departamentos de seguridad de sus respectivas compañías colaborasen en el asunto SACYR-PEMEX y de que sus respectivos responsables de seguridad se reuniesen para tratarlo con CENYT, con el que ya había contactado el director de Seguridad de Repsol.

Y es que, aunque Brufau no admitiese «que conociese que Villarejo fuese miembro del Cuerpo Nacional de Policía en activo, sí reconoce que estaba al tanto de la contratación de un servicio externo de seguridad», apunta la Sala.

Así las cosas, y en relación con Repsol y Caixabank, la Sala incide en que hay «base indiciaria suficiente para contemplar una posible exigencia de responsabilidad penal» a sendas compañías, por lo que procede en este punto realizar una serie de diligencias antes de tomar una decisión respecto a estas dos personas jurídicas.

En este marco, el tribunal explica que el juez instructor acordó el sobreseimiento para ambas argumentando que habían implementado un modelo de prevención de delitos con reglas anticorrupción y controles para evitar la contratación de un funcionario público.

 

LAS DUDAS SOBRE EL MODELO DE PREVENCIÓN

«CaixaBank y Repsol contaban con medidas adecuadas para evitar la comisión de los delitos investigados dentro de su actividad», esto es, «con un plan de cumplimiento normativo y una cultura de cumplimiento implantados en la entidad en el momento de los hechos objeto de investigación», explicó García-Castellón entonces.

Sin embargo, el tribunal considera que la instrucción no puede darse por finalizada sin haber practicado antes diligencias de declaración y sin haberse aportado la documentación de soporte del informe de KPGM aportado por Repsol para poder analizar su modelo de prevención establecido.

Es por eso que la Sala incluye ahora todos los indicios aportados por los recurrentes que pueden indicar que no se aplicaron debidamente los controles del plan de prevención. Así, los magistrados entienden necesaria la practica de diligencias de declaración porque hay indicios de hechos calificables como delitos que se pueden imputar a personas jurídicas.

 

EL PROCESAMIENTO DE LOS JEFES DE SEGURIDAD

En el marco de esta pieza, el juez instructor confirmó el pasado mes de noviembre el procesamiento de los ex jefes de Seguridad de Repsol y CaixaBank Rafael Araujo y Miguel Ángel Fernández Rancaño por el presunto encargo a Villarejo, rechazando sus recursos de reforma.

El magistrado insistía en atribuir la contratación de Villarejo a Araujo esgrimiendo que, salvo él mismo, «ninguna de las demás personas que han declarado en la causa, ni el investigado Rafael Girona, ni los integrantes de la dirección de seguridad de Repsol conocían la existencia de CENYT», incidiendo además en que los indicios sugieren que Araujo conocía la condición de funcionario público en activo del comisario.

Además, el juez remarcaba que, aunque se argumenta que Repsol y CaixaBank acudieron a Villarejo para neutralizar la ofensiva de Sacyr y Pemex y para evitar que fuera contratado por estas dos últimas, la investigación de CENYT sobre Del Rivero «se centró en aspectos personales» y continuó después de que dejara de presidir la compañía constructora y de que los acuerdos con la petrolera mexicana quedaran sin efecto.

García-Castellón respondió en la misma línea a Fernández Rancaño al afirmar que, «atendiendo a lo actuado en la presente pieza –y no en ninguna otra– puede concluirse que sí existen indicios de la comisión de delito por parte del investigado».

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