La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha planteado al Ministerio para la Transición Ecológica que se modifique el sistema de garantías de las comercializadoras eléctricas, de cara a dotarlas de mayor liquidez en el contexto actual de precios altos en el mercado mayorista.

Según han explicado a Efe fuentes del organismo, la propuesta busca reducir las garantías exigidas para la operación en el mercado mayorista de electricidad, reduciendo el plazo actual de tres meses, con el objetivo de que empresas solventes no se vean obligadas a abandonar el negocio de comercialización, como lleva tiempo ocurriendo en Reino Unido.

El regulador entiende que el escenario de precios de mercado tan elevados, esta obligación de dotación de garantías está tensionando la liquidez de algunas empresas, por lo que conviene hacer una revisión de la regulación que asegure la continuidad de las comercializadores solventes, al tiempo que se previene el fraude.

Hace unas semanas, el organismo que preside Cani Fernández sometió la propuesta para incorporar una garantía mínima dinámica que garantice la capacidad económica de los sujetos del sistema a audiencia pública, que se cerrará el próximo 11 de noviembre.

La CNMC trabaja de forma conjunta con Red Eléctrica de España (REE), que, en su calidad de operador del sistema, se encarga de realizar el balance entre energía comprada y vendida por las comercializadoras, el cual debe casar con las garantías.

¿QUÉ ES UNA COMERCIALIZADORA?

Desde la apertura del mercado energético en España en 2009, existen dos figuras que pueden operar en el ámbito de la electricidad: las distribuidoras y las comercializadoras.

Tal como explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la distribuidora es la compañía encargada de llevar la electricidad a los hogares y «no podemos elegirla» porque el país «está repartido y en función de dónde se resida se tiene una u otra».

Sin embargo, la comercializadora sí que puede cambiarse cuando el usuario lo desee al ser la empresa con la que se firma el contrato de suministro.

Ésta puede ser de dos tipos, bien de libre mercado, que tiene la opción de fijar sus propios precios, ofrecer tarifas únicas y proponer servicios adicionales, o de referencia.

Las de referencia se encuentran autorizadas por la Administración para aplicar la tarifa regulada o PVPC, a la que están acogidos casi 11 millones de consumidores en España.

A esta tarifa, sólo disponible para potencias contratadas hasta 10 kilovatios (kW), no se le puede aplicar ningún tipo de descuento o promoción, ya que el precio está fijado por el Gobierno, lo que excluye posibles negociaciones entre cliente y comercializadora.

SUBEN LAS COMERCIALIZADORAS LIBRES

A tenor del listado publicado por la CNMC y que recoge el Ministerio para la Transición Ecológica, en España hay cerca de 490 comercializadoras eléctricas, de las cuales algo más del 15 % tienen un ámbito de actuación nacional.

De ese total, menos de una decena son de referencia, siendo las principales las vinculadas a grandes grupos como Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Repsol.

El último informe de supervisión de los cambios de comercializador de Competencia muestra cómo, desde 2017, el número de puntos suministrados por las comercializadoras libres se ha incrementado de forma progresiva en cerca de 1,2 millones, hasta suponer el 63,1 % del total.

Por el contrario, los suministros en el mercado regulado se han reducido en 750.000, hasta el 36,9 %.

Dentro del mercado libre, mención especial para las comercializadoras independientes, que si hace cuatro años suministraban el 13,5 % de la electricidad equivalente a 2,4 millones de puntos, a cierre de septiembre de 2020 habían subido al 21,4 %.

Entre ellas destacaron Repsol Comercializadora, con una cuota del 3,6 %; CIDE HC Energía y Fenie Energía, ambas con el 2,1 %; el Grupo Audax, con el 1,3 %; Holaluz-Clidom, con el 1,2 %; y Aldro Energía y Soluciones, con el 1,1 %.

Aún así, los cuatro grupos comercializadores principales -Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP- suministraban, a finales del tercer trimestre del último año, el 78,6 % del total, aunque por debajo del 86,5 % de 2017.

¿Y SI QUIEBRAN?

La presidenta de la CNMC expresó recientemente su temor por que alguna de las firmas de menor dimensión pudieran «quebrar», salvo que estén cubiertas por seguros que les permita asumir la diferencia entre el precio que pagan por la luz y las tarifas pactadas con los clientes.

Apenas una semana más tarde, el pasado 5 de octubre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) informaba del inicio de los trámites de inhabilitación a dos comercializadoras, Secom Central de Compras y Another Energy Option.

En procedimientos como este, los clientes se traspasan a una comercializadora de referencia, determinándose las condiciones de suministro.

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