El pleno del Parlamento Europeo ha reclamado la creación de una tasa que grave algunas importaciones al bloque procedentes de terceros países que sean menos exigentes en la lucha contra el cambio climático, con el doble objetivo de evitar la fuga de empresas y de impulsar la ambición climática a escala global.

La resolución, que ha salido adelante con 444 votos a favor, 70 en contra y 181 abstenciones, pide el establecimiento de un mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono que sea compatible con las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC). La Comisión Europea tiene previsto presentar su propuesta legislativa al respecto en la segunda mitad del año.

Así, los eurodiputados han apuntado que fijar un precio a la importación de ciertos productos que provengan de países cuyos objetivos medioambientales no son lo «suficientemente ambiciosos» generaría una competencia «más justa» e incentivaría a otras jurisdicciones a «intensificar sus esfuerzos» para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.

Además, el texto señala que la «creciente ambición» de la UE en la lucha contra el cambio climático no debe provocar una ‘fuga de carbono’, es decir, que haya empresas que decidan abandonar la UE y trasladarse a otros países con legislaciones menos estrictas en materia de emisiones de gases de efecto invernadero.

En todo caso, la Eurocámara ha subrayado que el futuro mecanismo de ajuste en frontera «debe ser compatible con las reglas de la OMC» y no ser una «herramienta para aumentar el proteccionismo». Su diseño debe estar pensado «exclusivamente» para impulsar la consecución de los objetivos climáticos y los ingresos que genere deben dedicarse a acciones por el clima y el Pacto Verde.

Por otro lado, los eurodiputados han propuesto que esta tasa de ajuste por carbono se encuadre en una estrategia industrial «más amplia» y que abarque todas las importaciones de productos y materias primas cubiertos por el sistema europeo de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés).

Por tanto, cuando se ponga en marcha en 2023, y tras una evaluación de impacto, el mecanismo debería incluir a juicio del Parlamento Europeo al sector eléctrico y los sectores industriales con gran consumo de energía, como el cemento, el acero, el aluminio, el refinado de petróleo, el papel, el vidrio, los productos químicos y los fertilizantes, que siguen recibiendo importantes derechos de emisión gratuitos y representan aún el 94 % de las emisiones industriales de la UE.

 

SANCIONES A EMPRESAS QUE DAÑEN EL MEDIO AMBIENTE Y LOS DDHH

En una votación paralela, el pleno de la Eurocámara ha reclamado la «adopción urgente» de normas vinculantes para garantizar que las empresas respetan los estándares medioambientales y de Derechos Humanos a lo largo de toda la cadena de producción.

Este informe ha salido adelante con 504 votos a favor, 79 en contra y 112 abstenciones y en él los eurodiputados han pedido a la Comisión que proponga normas para «asegurar que las compañías son responsables y objeto de sanción cuando provoquen un daño, o contribuyan a provocarlo, a los Derechos Humanos, el medio ambiente o la gobernanza».

El Ejecutivo comunitario se ha comprometido a presentar una propuesta legislativa en este ámbito a lo largo de 2021, pero mientras tanto el Parlamento Europeo ha destacado aprobar reglas vinculantes sobre diligencia debida «obligaría a las compañías a identificar, abordar y corregir los impactos adversos potenciales o efectivos» sobre los tres ámbitos anteriores.

Así, los eurodiputados han reclamado que todas las empresas que quieran operar en la UE, incluidas las que no tengan su sede dentro del bloque, deberán probar que cumplen con los estándares europeos en materia de derechos humanos y medio ambiente. Además, la Eurocámara reclama medidas adicionales como prohibir la importación de productos vinculados a graves violaciones de derechos, como el trabajo infantil o forzoso.

En la misma línea, y con el objetivo de garantizar el derecho de las víctimas a obtener reparación, el Parlamento Europeo aboga por que las empresas sean consideradas legalmente responsables de sus acciones y puedan ser sancionadas por el daño causado o su contribución al mismo, siempre que no puedan demostrar que actuaron respetando las obligaciones de diligencia debida y tomando medidas para evitar el efecto adverso.

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