Las grandes empresas industriales, unidas en la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, han pedido al Gobierno «medidas urgentes» para hacer frente los elevados precios de la electricidad y el gas natural, ante la persistencia en los últimos meses de unos precios «muy elevados, que triplican los habituales», y la previsión de que sigan durante este año.

En un comunicado, el frente de la gran industria, del que forman parte patronales como Anfac (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento) y Unesid (siderurgia), considera insuficientes las medidas ya tomadas ante una situación «agravada por la ausencia de ofertas de suministro eléctrico a plazo, a precio fijo y razonable, pese a las medidas adoptadas para su fomento por la Administración».

Así, la Alianza subraya que el diferencial de precios medios de los grandes consumidores «no deja de crecer y pone en riesgo no sólo la reindustrialización, sino el mantenimiento de la actividad».

Además, las grandes empresas del sector industrial defienden «reabrir el debate» en torno al futuro de la generación eléctrica a partir de energía nuclear.

A este respecto, estiman que la experiencia de los últimos meses ha demostrado «la relevancia de su aportación al ‘mix’ en cuanto a energía de base, fiable, descarbonizada e independiente de las fluctuaciones en los mercados energéticos internacionales».

Dentro de estas medidas que pide el sector industrial de manera inmediata, la Alianza señala que es «urgente» celebrar las subastas de tecnologías inframarginales previstas en el Real Decreto-ley 17/2021, «siendo ésta una de las vías para la necesaria potenciación de la firma de contratos bilaterales a precios competitivos».

Asimismo, aboga por la necesidad de adoptar medidas que faciliten la máxima liquidez a los consumidores industriales, «para los que la evolución de los precios está ocasionando muy serios problemas de circulante», por lo que solicita la habilitación de mecanismos para la cobertura de riesgos y garantías de contratos de electricidad, en línea con lo ya contemplado en el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (Fergei).

La Alianza también subraya que esta urgencia es también extensible a la convocatoria para 2022 de ayudas a consumidores electrointensivos y cree también que es necesaria «la urgente evolución del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, incorporando políticas de compensaciones y peajes equivalentes a las aplicadas en Alemania y Francia y a las que están en vías de adopción en otros países europeos», como la compensación del 80% de los peajes de transporte del sistema eléctrico, «que se aplica ya en ambos países y cuenta hace años con el plácet comunitario».

También exigen acelerar la publicación de la convocatoria de 2022 de ayudas para la compensación de costes indirectos de CO2, garantizando que se aporte el volumen máximo de compensación permitido por las autoridades comunitarias, como ocurre en los principales Estados miembros industrializados de la UE con los que competimos, y la reducción urgente de los tipos aplicados en España al impuesto especial de hidrocarburos al mínimo habilitado por la normativa europea.

En lo que se refiere a los costes regulados de gas, la Alianza considera «urgente» emplear el superávit registrado de su recaudación en 2021 en la reducción de los peajes y cánones de gas para 2022.

 

NO CREE QUE SEA EL MOMENTO DE PONER EN MARCHA EL FNSSE

Además, reiteró «su oposición» a la adopción del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), la herramienta que se encuentra en el Congreso de los Diputados pendiente de su aprobación y con la que el Gobierno pretende abaratar el recibo de la luz sacando de la factura los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore) para repartirlos entre todos los vectores energéticos, en sus actuales términos, «más gravoso si cabe en una situación como la actual».

A este respecto, el frente de la gran industria advierte que su impacto «se incrementaría, además, con la entrada en vigor de las nuevas directrices europeas de ayudas de Estado en materia de clima, energía y medio ambiente, ya que su aplicación muy previsiblemente imposibilitaría el mecanismo de compensación de costes asociados al FNSSE previsto en el proyecto de ley». «No es este el momento para su puesta en marcha», añadió.

En el corto plazo, la Alianza propone el desarrollo de un Estatuto del Consumidor Gasintensivo, con medidas de apoyo a las industrias intensivas en consumo de gas.

También en el corto plazo y en el marco de los apoyos en curso a la transición energética, defiende incorporar una línea de incentivos permanente _sin repercusión en costes regulados_ para promover la inversión en instalaciones de generación y almacenamiento en autoconsumo, específicamente orientada a las empresas industriales, así como posibilitar y facilitar el acceso a los nudos de la red de transporte y distribución eléctrica de los proyectos industriales de generación eléctrica en la modalidad de autoconsumo con venta de excedentes.

 

FISCALIDAD ENERGÉTICA

En el ámbito de la fiscalidad energética, ve necesario suprimir definitivamente el Impuesto sobre el Valor de Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), «que incrementa un 7% el precio mayorista y que no está implantado en ningún otro Estado Miembro de la Unión Europea», y prorrogar al menos al conjunto de 2022 la reducción del Impuesto Especial de Electricidad hasta el 0,5%.

Igualmente en el largo plazo, la asociación considera que el incremento de las interconexiones eléctricas debe ser «un objetivo ineludible» del Gobierno de España y de la propia Unión Europea, potenciando nuevos proyectos, «realizados con la debida eficiencia y a coste competitivo, ya que dicho coste se incorpora a los peajes eléctricos».

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