Los países de la Unión Europea (UE) aprobaron este viernes un reglamento que permitiría que hasta 2030 se sigan financiando con fondos comunitarios proyectos en desarrollo de infraestructuras transfronterizas de gas natural, pero no nuevos proyectos, pese a la oposición de la Comisión Europea y de varios Estados miembros, entre ellos, España.

El reglamento, que se conoce como TEN-E, que aún tiene que negociarse con el Parlamento Europeo, sirve para definir qué infraestructuras pueden recibir financiación como proyectos de interés común (PCI, por sus siglas en inglés).

La posibilidad de incluir el gas natural en esa lista y no solo alternativas verdes como el llamado hidrógeno «limpio» generaba rechazo entre organizaciones y partidos verdes, así como entre varios países de la UE, que habían pedido por escrito antes de la reunión que quedaran excluidos.

Finalmente, se decidió «poner fin al apoyo a nuevos proyectos de gas natural y petróleo e introducir criterios de sostenibilidad obligatorios para todos los proyectos», señaló el Consejo en un comunicado.

Pero se acordó también que exista «un período de transición hasta el 31 de diciembre de 2029» en el que «los activos de hidrógeno dedicados convertidos a partir de gas natural se pueden utilizar para transportar o almacenar una mezcla predefinida de hidrógeno con gas natural o biometano».

«Los proyectos seleccionados deberán demostrar cómo, al final de este período de transición, estos activos dejarán de ser activos de gas natural y se convertirán en activos dedicados al hidrógeno», subrayó el Consejo.

Según el Consejo, el texto aprobado permite garantizar «que los nuevos proyectos respondan a los objetivos de integración de mercado, competitividad y seguridad del suministro».

En su intervención matinal en el Consejo de Ministros de Energía, celebrado en Luxemburgo, la titular española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que mantener la financiación a esos proyectos gasísticos va en contra de los objetivos «a medio plazo» de la UE, que aspira a reducir sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) en un 55 % para 2030 y descarbonizar la economía para 2050.

Ribera pidió que se excluyera del texto «la posibilidad de mantener abierta la puerta al gas fósil» de la «financiación de las instituciones comunitarias» sin período de transición alguno, pues supondría perder tiempo y dinero.

Otros países, como República Checa, que sí querían la continuidad de esa financiación argumentaban que el objetivo no es «explotar eternamente el gas natural», sino «utilizar las infraestructuras existentes para impulsar el hidrógeno» porque no se puede «perder tiempo esperando que se construya la infraestructura definitiva».

Luxemburgo presentó a última hora una propuesta climáticamente más ambiciosa.

Pero en la última ronda de consultas, el ministro luso, João Pedro Matos Fernandes, que ejercía de moderador porque Portugal ocupa este semestre la presidencia rotatoria del Consejo, señaló que el texto que finalmente fue aprobado era el único capaz de recabar suficientes apoyos, pese a la oposición de Luxemburgo, España, Austria y Alemania.

«Ha sido un debate duro, pero franco y leal», resumió el ministro portugués en una rueda de prensa.

Fuentes diplomáticas españolas explicaron a Efe que el voto en contra responde a que el texto permite «proyectos de transformación de gas existentes en redes inteligentes para llevar mezclas de gas e hidrógeno, sin clara limitación temporal».

En el mismo consejo, los ministros también aprobaron, por la vía rápida, unas conclusiones que respaldan la estrategia de la Comisión Europea para renovar edificios mejorando su eficiencia energética, que se considera tendrá un papel «central» para impulsar la economía verde tras la pandemia.

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