Las comercializadoras independientes de energía han solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica tener acceso directo a los equipos de medida de consumo para evitar que se repitan en 2022 retrasos en la facturación de la electricidad como los que sufrieron algunos clientes en 2021.

En un comunicado, la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) ha reclamado este martes reducir la dependencia que tienen de las compañías distribuidoras (las que llevan la electricidad a los puntos de consumo).

Según ACIE, esa dependencia «lastra» la facturación y limita el margen de gestión propia de las comercializadoras (la compañía con la que se tiene contratada la luz y a la que se abona la factura) en perjuicio de los consumidores, tal y como considera la asociación que ha quedado de manifiesto en 2021.

ACIE ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) constituir un ‘hub’ de datos en el Sistema de Información de Medidas Eléctricas (Simel) para que los comercializadores puedan tener acceso a las medidas «de forma centralizada, transparente y neutral» y «ajena a la acción unilateral de las distribuidoras».

Según la asociación, esta medida entronca con el cumplimiento de las directivas europeas, aún pendiente de trasponerse a la legislación española.

Además, ACIE propone establecer la lectura de los contadores a favor de los comercializadores, de manera que los distribuidores tengan un papel revisor.

También plantea agilizar el envío de la medida al Simel o a los comercializadores (sin que superen las 24 horas desde la hora de consumo) y permitir que las comercializadoras hagan estimaciones de medida, mientras que las distribuidoras envíen la medida y factura de acceso de terceros a la red (ATR) en los plazos mínimos de lectura real vigentes.

Según ACIE, estas propuestas vendrían a subsanar lo que una instancia judicial, como la Audiencia Provincial de A Coruña, ha calificado como «conducta abusiva de las distribuidoras» en la lectura de medidas de consumo y facturas de peaje y suministro.

Por otro lado, la asociación ha reclamado que se aplique al suministro de gas natural la misma rebaja fiscal que a la electricidad.

Además, pide eliminar la «anomalía» impositiva actual, por la que se obliga a las comercializadoras a abonar el 21 % del IVA a las distribuidoras, mientras que ellas solo pueden cobrar el 10 % del IVA a los consumidores, lo que dice que les genera un «estrés de caja».

Por otra parte, ACIE ha señalado que la falta de regulación de la subasta de 15.830,08 gigavatios hora (GWh) la primera de energía inframarginal gestionable y no emisora regulada, ha impedido a los comercializadores comprar a mejores precios y, por tanto, mitigar el impacto de la escalada de precio.

El Gobierno aprobó en septiembre que las grandes eléctricas tendrían que ofertar electricidad en una subasta a precios asequibles para los grandes consumidores industriales y para otras comercializadoras independientes, pero ni siquiera se ha celebrado esa primera de 15.830 GWh, prevista para antes de que finalizara 2021.

Entre las empresas que forman parte de ACIE están Acciona Energía, Aldro Energía, el grupo Axpo, BP, Enérgya Villar Mir, Engie, Factor Energía, Feníe Energía, Gesternova y Nexus Energía, entre otras.

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