Las grandes eléctricas españolas llevan la guerra contra el Gobierno a la Comisión Europea para tratar de tumbar las últimas medidas que recortan sus ingresos.

Según ha podido saber El Periódico de la Energía, Iberdrola, Endesa y EDP España, junto a la patronal de las mismas, Aeléc, la gran patronal europea de las eléctricas, Eurelectric, las dos grandes asociaciones de renovables europeas, Wind Europe y Solar Power Europe, la asociación de los grandes fondos de inversión de infraestructuras, GIIA, y la patronal eléctrica portuguesa ELECPOR han enviado una carta conjunta al vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmenrmans, a la también vicepresidenta de Competencia, Marghrete Vestager y a la comisaria de Energía, Kadri Simson que haga todo lo posible para tumbar el nuevo RDL 17/2021 por el que se recorta en 2.600 millones los beneficios a las compañías eléctricas y plantas de renovables por los altos precios del gas y además también por el Proyecto de Ley de dividendo del CO2.

Concretamente, «hacemos un llamamiento a la Comisión Europea para que inicie de inmediato un análisis en profundidad tanto del Real Decreto Ley 17/2021 como del proyecto de ley del dividendo del CO2 (ETS Windfall Charge bill) y se comprometa con el Gobierno español para encontrar diferentes soluciones a los picos de precios de la energía que no distorsionen el mercado y salvaguarden la confianza de los inversores».

La misiva, enviada el pasado viernes 24 de septiembre, explica ambas medidas que son calificadas por los firmantes como medidas que «generan distorsiones, incertidumbres y daños masivos» al sector eléctrico español.

Concretamente, las explicaciones de las eléctricas es que el RDL se basa en unos fundamentos que no son reales, como la venta de energía a los actuales precios del mercado mayorista, cuando es todo lo contrario. Ssegún los firmantes, las empresas eléctricas tienen vendida a plazo el 100% de su producción de base (nuclear y renovable) de 2021 y un porcentaje superior al 75% de la de 2022 desde hace meses, a unos precios muy inferiores a los precios actuales del mercado diario.

Por ello creen que se produce una distorsión del mercado y por tanto un incumplimiento de la directiva de mercado europea. Si se aplicara la minoración, se daría la paradoja que esta sería hasta mayor que el precio que están recibiendo de sus clientes, llegándose al absurdo de tener ingresos netos negativos. Algo que ya advirtió, entre otras, la gran patronal eólica Wind Europe en un comunicado la semana pasada.

Esto obligaría a las compañías a tener que cerrar sus plantas de generación con el menoscabo que supondría para España y su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2030. Los firmantes explican a Bruselas que ambas medidas (una ya aprobada y la otra en tramitación parlamentaria) pueden perjudicar las inversiones futuras en España.

Por eso llama la atención que la asociación GIIA sea uno de los firmantes. España necesita el dinero de los fondos de inversión para cumplir el PNIEC, un plan de 280.000 millones, más de 100.000 en renovables, que se invertirían en España en los próximos 10 años y en la que el sector privado es una parte fundamental para su éxito. Ahí anda el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reuniéndose con grandes fondos de inversión para que inviertan en España, pero esta carta deja clara la posición de los fondos que no están de acuerdo con estas medidas.

También dejan claro los firmantes que el RDL se podría extender en el tiempo y no solo afectar a los algo más de seis meses de duración por lo que crea una incertidumbre tremenda y pone en peligro futuras inversiones.

Además, los firmantes proponen a la Comisión Europea que busquen otras medidas que no distorsionen el mercado, respeten la seguridad jurídica y den mayor confianza a los inversores. Las eléctricas y resto de firmantes proponen que se cambie el actual modelo de tarifa regulada (PVPC) que va indexada a los precios del mercado mayorista de electricidad. De esta forma piden que se revise el sistema de fijación de precios de la tarifa regulada y que se haga como en otros países europeos de tal forma que los consumidores no se vean tan afectados por los altos precios de la electricidad.

Estamos, pues, ante otro capítulo más en la batalla entre el sector eléctrico y el Gobierno español. Hasta ahora las eléctricas han anunciado subidas de sus tarifas a sus grandes clientes con los que tenían fijados otros precios y en el caso de Iberdrola, ha dado un paso más allá paralizando el desarrollo de sus instalaciones de renovables. Unas medidas que han sentado muy mal al Gobierno.

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