El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este miércoles que en septiembre presentará ante el Congreso una reforma constitucional para revertir las «privatizaciones» en el sector eléctrico.

«En cuanto a la industria eléctrica, este mes voy a enviar al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que permita reparar el grave daño que causó la privatización al sector público», anunció, al presentar hoy su tercer informe de gobierno.

Al iniciar su discurso en el Palacio Nacional, el mandatario izquierdista aseguró que «la transformación está en marcha» en México y que su Gobierno ha decidido «parar en seco la tendencia privatizadora».

López Obrador, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), denunció que los Gobiernos anteriores abrieron el mercado eléctrico «para dar preferencia a empresas particulares, nacionales y sobre todo extranjeras, con la entrega de subsidios entre otras prebendas».

En cambio, reprochó, que las plantas de la energética pública Comisión Federal de Electricidad (CFE), «fueron completamente abandonadas» y el actual Gobierno está «modernizando las plantas hidroeléctricas para reducir el uso de combustóleo y carbón«.

«En pocas palabras, la meta es que tengamos abastecimiento público frecuente de energía eléctrica, que no haya apagones y que los consumidores paguen la luz con tarifas más elevadas que las corporaciones empresariales», detalló sobre su reforma.

La coalición oficialista, liderada por Morena, no ostenta la mayoría calificada de dos terceras partes de la Cámara de Diputados y del Senado para aprobar reformas constitucionales, por lo que necesitará pactar con la oposición.

El presidente López Obrador es contrario a la reforma energética de su antecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018), que abrió el sector a las empresas privadas.

Por ello, decidió presentar una reforma constitucional dado que sus leyes para dar prioridad a las energéticas públicas CFE y Pemex (Petróleos Mexicanos) se encuentran encalladas ante los tribunales por un alud de amparos de compañías privadas.

Durante la presentación de su tercer informe, el que marca el ecuador de su mandato, presumió que su Gobierno no entrega concesiones nuevas a particulares en minas, agua, hospitales, puertos, vías férreas, reclusorios ni obras públicas, pero «lo más importante es que hemos detenido la privatización en el sector energético», aseguró.

Recordó que quiere dejar de «importar» gasolinas y por ello ha modernizado las seis refinerías existentes, está construyendo la refinería de Dos Bocas (Tabasco) y compró la totalidad de la planta Deer Park (Texas, Estados Unidos).

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