Los concursos para acceder a la red eléctrica las nuevas renovables incluirán penalizaciones por incumplir los compromisos económicos establecidos, así como una nueva garantía cuyo importe se decidirá en cada orden, proporcional a los nuevos criterios económicos.

En concreto, las órdenes para convocar estos concursos incluirán esta nueva penalización, así como otra vinculada a la no producción de energía en el plazo comprometido.

En lo que respecta a las garantías, habrá también dos tipos, la referente a los nuevos criterios económicos, así como otra equivalente a la penalización por no producir energía.

Esta nueva penalización y garantía vienen recogidas en la modificación del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, que regula el acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, que ha sido incluida dentro del Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua, publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

 

INCREMENTAR LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES EN LOS TERRITORIOS

El Consejo de Ministros aprobó este jueves, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, nuevas medidas para incrementar los beneficios económicos y sociales del despliegue de plantas renovables y de almacenamiento en los territorios donde se ubiquen, y para prevenir y reducir sus eventuales impactos ambientales.

Así, los concursos que se celebren para conceder este acceso a la red eléctrica, además de los criterios ya contenidos en la actual normativa, podrán ponderar elementos como la generación de empleo o la reinversión de los beneficios en las zonas de los futuros proyectos, así como la sensibilidad ambiental del emplazamiento.

La normativa que vio la luz a finales del año pasado ya preveía concursos para acceder a la red si se libera potencia por encima de 100 MW -50 MW en el caso de las islas- con criterios como la temporalidad para priorizar los proyectos más maduros y conseguir cuanto antes la inyección de renovables; o criterios relativos a la tecnología de generación y su integración en el sistema eléctrico, y criterios de innovación en el caso de centrales menores de 30 MW.

Mientras, con la nueva regulación, estos tres criterios se complementan con otros sociales y económicos ligados al ámbito local, como la generación de empleo, el impacto en la cadena de valor industrial o la participación de inversores, empresas y administraciones. Además, se valorará la existencia de mecanismos para reinvertir los beneficios en la zona donde se ubiquen las instalaciones.

También, los procesos competitivos de acceso podrán tener en cuenta el eventual impacto ambiental de las instalaciones aplicando una puntuación en función del grado de afección y considerando la clasificación de la ‘Zonificación ambiental para la implantación de energías renovables: eólica y fotovoltaica’ elaborada por el Ministerio. Esta medida es adicional a los estudios de impacto ambiental exigidos
durante la fase de tramitación de los proyectos.

La medida coincide con la publicación, este próximo 1 de julio, de la capacidad de acceso disponible en los nudos de las redes de distribución y la reanudación del otorgamiento de los permisos para nuevas instalaciones renovables, suspendido desde junio del año pasado mientras el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) diseñaban la nueva normativa de acceso y conexión a la red, recientemente culminada.

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