El debate en el seno del Gobierno sobre cómo rebajar el recibo de la luz se librará también en la negociación presupuestaria, donde Unidas Podemos buscará «colar» la intervención en los precios de la energía al tiempo que en público hace visible sus discrepancias con PSOE.

Con el registro de una proposición de ley en solitario para crear una empresa pública de energía, los morados han dado esta semana un paso más en su estrategia de marcar posición propia ante un problema social que preocupa en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Lo harán también en la negociación presupuestaria, como señalan a Efe desde el ala morada del Ejecutivo. El borrador de los presupuestos se va a aprobar «sí o sí», pero Unidas Podemos va a aprovechar, sin líneas rojas, para buscar un acuerdo.

Y, ante un PSOE al que ven con poca firmeza frente a los intereses del oligopolio eléctrico, pretenden plantarse en la negociación con las propuestas que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya tiene sobre la mesa: un precio fijo al megavatio nuclear y uno máximo al megavatio hidroeléctrico.

La ministra de Trabajo y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, ha reconocido este viernes que dentro de la coalición «hay discusión» por el «ritmo» de aplicación de las medidas adoptadas, aunque ha puesto en valor su «importancia» y que se acordasen «de forma mancomunada».

La vicepresidenta segunda ha enmarcado en las «dinámicas propias» de los grupos parlamentarios su proposición de ley y ha negado que sea una «deslealtad» entre los socios.

Argumenta Díaz que la ciudadanía tiene derecho a conocer las diferencias o «matices» que «singularmente» hay entre los dos partidos y conocer sus propuestas. La discusión es también acerca de si las reformas «se deben transformar en reales decretos ley para que se apliquen de forma inmediata, o no».

No es la primera vez que ambos partidos chocan en el Congreso, donde los morados han intentado marcar perfil en asuntos como los desahucios -se unieron a una enmienda a sus propios presupuestos y después dieron marcha atrás-, las investigaciones al rey emérito o la ley mordaza.

Este viernes, los dos socios de la coalición han presentado una solicitud conjunta en el Congreso para crear una comisión de estudio para explorar propuestas para atajar las tensiones del mercado eléctrico que están provocando las subidas en el precio.

La ministra para la Transición Ecológica anunció el pasado lunes una comisión que es fruto del diálogo con los aliados parlamentarios del Ejecutivo y en concreto con Más País y Compromís, que han aceptado que su propuesta de comisión de investigación decaiga y se reconvierta en un órgano de estudio.

Es en ese marco, señalan a Efe fuentes socialistas, donde se deben consensuar las reformas del sistema eléctrico. Y entienden que los morados han buscado con su iniciativa unilateral adelantarse a las conclusiones de la comisión y dar un golpe de efecto.

Los socialistas no creen que el movimiento de su socio tenga sentido, pues han aceptado la comisión de estudio, donde, por ejemplo, se analizarán los límites que establece el marco regulatorio europeo. No son partidarios en el PSOE de adelantar acontecimientos.

Recalcan que los cambios no se pueden hacer de la noche a la mañana y que el Congreso tiene ya dos reformas en tramitación -el proyecto de ley del fondo nacional del sistema eléctrico y del proyecto de ley por el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido- que permitirán reducir en un 15 % el recibo.

El Ejecutivo está actuando, subraya el PSOE. Y está dispuesto a aplicar la pedagogía necesaria, como admiten en La Moncloa.

Por el potencial desgaste que puede provocar para la imagen del Ejecutivo -Vox ha convocado ya una manifestación- el del recibo de la luz se confirma como uno de los principales retos a los que se enfrentará la coalición de gobierno en este otoño.

No será el único. Después de que los morados se hayan apuntado un tanto con la subida del salario mínimo interprofesional, que Díaz ha logrado imponer y que se aprobará la próxima semana, la vivienda y la fiscalidad son dos elementos más en liza.

Aunque la regulación del alquiler «no va a ser un problema», piensan los morados, porque pese a que las negociaciones han estado encalladas Podemos cuenta a favor con el rol que juegan los aliados externos del Ejecutivo.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya -que aprobaron ya el tope a los precios en Cataluña- y EH-Bildu no aceptarán una propuesta descafeinada por parte del Gobierno. Al menos así lo asumen en Unidas Podemos.

A cargo de la negociación presupuestaria por parte de Unidas Podemos estarán Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, y Josep Vendrel, jefe de gabinete de la vicepresidenta segunda, que están a la espera de la llamada del Ministerio de Hacienda para sentarse a debatir.

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