El PSOE y Unidas Podemos quieren que a partir del próximo año el sector de las petroleras y gasísticas asuma una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del 6% en la venta y el consumo de combustibles, la electricidad para los vehículos por carretera y los biocarburantes para uso aéreo.

Así figura en las enmiendas registradas en el Congreso por las formaciones que sustentan el Gobierno, y a las que ha tenido acceso Europa Press, al decreto ley 34/2020 con medidas económicas y tributarias en el que el Ejecutivo traspuso la directiva europea de 2019 sobre normas comunes para el mercado interior de gas natural.

En ella se establece a partir de 2022 una reducción del 6% en estas emisiones del ciclo de vida, por unidad de combustible y de energía suministrados en el transporte, en comparación con el nivel medio de emisiones de GEI por unidad de energía de los combustibles fósiles utilizados en la Unión Europea en 2010.

Estarán obligados a cumplir con esta reducción de emisiones en su combustible el sector petrolífero, el del gas licuado del petróleo y el gas natural, desde operadores a distribuidores al por menor, y también consumidores, en la parte de su consumo no suministrado por los agentes anteriores.

 

EL INCUMPLIMIENTO IMPLICA SANCIÓN GRAVE

La reducción de emisiones podrá alcanzarse a través del uso de biocarburantes, combustibles alternativos y reducciones en la quema en antorcha y los venteos en las instalaciones de producción. El incumplimiento de todas estas obligaciones a partir del próximo año constituirá una infracción grave dentro del régimen sancionador de la Ley del sector de hidrocarburos.

Esta regulación, según justifican los grupos que conforman el Gobierno, tiene origen en una directiva europea relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, que establece que las emisiones de GEI deben reducirse hasta el 10%, un 6% con carácter obligatorio y un 4% de forma voluntario

Para completar el 4% de reducción de emisiones voluntario, el Ejecutivo plantea que un 2% sea a través de tecnologías «respetuosas con el medioambiente» (como la captura y almacenamiento de carbono y el uso de vehículos eléctricos), y el otro 2% a través de la compra de créditos con arreglo al Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto.

 

DECRETO TRAMITADO COMO PROYECTO DE LEY

La nueva regulación también obliga a las compañías a acreditar sus reducciones, presentando la información y documentación auditada por una empresa independiente, disponiendo un método de cálculo a utilizar para comparar las reducciones realizadas con el valor de referencia previsto.

Estas enmiendas van dirigidas al decreto ley 34/2020, aprobado por el Gobierno el pasado mes de noviembre y que el Congreso acordó tramitar como proyecto de ley para poder plantear cambios. En él se incluía una trasposición de la directiva europea sobre gas natural, que buscaba reducir los obstáculos a la plena realización del mercado interior de gas natural que se derivan de la inaplicabilidad de las normas del mercado de la Unión a los gasoductos de transporte con destino u origen en países no pertenecientes a la Unión Europea.

Esta norma, en vigor desde su publicación en el BOE, regula un procedimiento para que el Ministerio de Transición Ecológica pueda otorgar una exención relativa a la separación de propiedad entre las actividad de transporte y comercialización o producción de gas natural y de acceso regulado y no discriminatorio a sus instalaciones.

Asimismo, regula un procedimiento entre los Estados miembros con terceros países respecto a las redes de transporte de gas natural, se aumenta el límite máximo de las transferencias al sistema eléctrico procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con los límites del 90% de la recaudación total y hasta un máximo de mil millones de euros.

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