Los grupos parlamentarios Socialista y Popular, así como el resto de principales fuerzas parlamentarias del Congreso, han manifestado este martes su rechazo a la proposición de ley presentada por Unidas Podemos para crear una empresa pública de energía.

La proposición, registrada a principios de septiembre por la formación morada en plena escalada del precio de la electricidad en el mercado mayorista, planteaba la creación del ente público Producción Energética Española en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la ley.

Según el texto remitido al Congreso, la compañía se financiaría «mayoritariamente» con los ingresos derivados de la producción y comercialización de energía hidroeléctrica, a los que podrían sumarse recursos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado.

Además, Producción Energética Española estaría adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y podría constituir sociedades o participar mayoritariamente en otras ya constituidas para llevar a cabo las actividades de distribución y comercialización de la energía.

Durante su intervención, el diputado de Unidas Podemos Pablo Echenique ha asegurado que la creación de una eléctrica de dominio estatal es de «puro sentido común» y cuenta con un amplio consenso en el mundo desarrollado.

La ley, según Echenique, persigue tres objetivos: ofrecer precios justos de la electricidad, impulsar la transición verde con una mayor implantación de las renovables y aumentar la soberanía energética de España.

En este sentido, ha explicado que es imposible alcanzar esos objetivos, con más del 80 % del sistema eléctrico nacional en manos de un «oligopolio mafioso».

Echenique ha denunciado que el «oligopolio eléctrico» ya ha sido multado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por manipular los precios de la electricidad, además de haber vaciado embalses para vender el megavatio hora (MWh) a precio de gas y amenazar con el cierre de las centrales nucleares.

«Es imperativo contraponer una gran empresa pública de energía que proteja el interés general», ha terminado Echenique.

EL PSOE Y EL PP SE OPONEN

El PSOE, socio de Gobierno de Unidas Podemos, ha mostrado su rechazo a la iniciativa al entender que los objetivos que persigue la formación morada no se consiguen a través de un ente público, sino con un «marco normativo» adecuado.

El diputado Germán Renau ha explicado que el texto de la ley es un poco «decepcionante», ya que no explica cómo lograría una empresa pública acabar con la pobreza energética y los altos precios de la luz.

Renau ha asegurado que este tipo de empresas no garantizan un precio de la electricidad más barato, y ha puesto de ejemplo a países del entorno como Francia, Alemania e Italia, que cuentan con eléctricas públicas y no presentan precios más baratos que los de España.

El socialista ha recordado algunas de las medidas tomadas por el Gobierno para abaratar la electricidad, como la ampliación del bono social o la convocatoria de nuevas subastas renovables para conseguir mayor penetración de estas tecnologías en el sistema eléctricos.

«Creemos que hay otro camino para seguir ahondando en la transición energética y votaremos en contra porque creemos que las cosas se pueden hacer muchísimo mejor», ha defendido Renau.

El diputado el PP José Alberto Herrero ha denunciado que la creación de una empresa pública de energía no sería más que otro «chiringuito para colocar a los suyos» y no beneficia ni al interés general ni a los consumidores.

El popular ha asegurado que esta no es «ni de lejos» la solución para rebajar el precio de la electricidad, y ha pedido a Unidas Podemos que deje de intimidar a las empresas energéticas que tienen que seguir invirtiendo en la transición energética.

Otro de las formaciones que también ha mostrado su negativa ha sido el Partido Nacionalista Vasco (PNV), al entender que una empresa, por el mero hecho de ser pública, no hará que bajen los precios de la electricidad.

La diputada del PNV Idoia Sagastizábal ha recordado que el ente público estaría sometida a las mismas reglas de mercado, afrontaría los mismos costes que el resto de empresas del sector y tendría que afrontar las mismas inversiones.

Por ello, cree que no es el momento adecuado para presentar este tipo de propuestas «populistas».

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