Europa está padeciendo una situación de precios mayoristas de electricidad históricamente altos, derivados principalmente del alto precio del gas natural en los mercados internacionales. Aunque el impacto en las facturas de los consumidores es desigual, los principales  gobiernos están planeando medidas para mitigar los efectos.

Por su parte, la UE también ha trabajado un portfolio de medidas, de las que ha avanzado que deben centrarse en los consumidores vulnerables y orientadas a resolver una situación temporal.

En España el Gobierno ha optado por reducciones temporales de los impuestos que soporta la factura eléctrica y de los cargos (costes ajenos al suministro). Para financiar lo segundo, ha aprobado una medida para detraer beneficios de las centrales de generación eléctrica no emisoras, por un importe que a los precios actuales del gas ya alcanzaría los 1.100 M€/semanales. Esta intervención del mercado está teniendo consecuencias indeseadas, no sólo para las empresas afectadas sino para los consumidores y para el propio despacho de generación.

Por el contrario, otros países europeos están aumentando las bonificaciones a los consumidores vulnerables o a aquellos más expuestos con cargo a presupuestos públicos o aprovechando el superávit de ingresos por subastas de CO2 o por menor necesidad de apoyo a las tecnologías renovables (que recuperan sus costes directamente del mercado).

En Francia, el Gobierno ha aprobado un importe adicional del “cheque energía” que reciben las familias de bajos ingresos para ayudar a pagar sus facturas de luz, gas o combustible. Esta ayuda, que alcanza a unos 6 millones de hogares, tiene un valor medio de 150€, que ahora ha incrementado en otros 100€.

También se ha anunciado el establecimiento de un “escudo tarifario” para limitar el incremento de la tarifa regulada del gas y de la electricidad. El tope del gas se recuperará durante un año y el de electricidad lo compensa el Estado gracias al aumento de ingresos y reducción de costes (financiación renovables).

En Italia el Gobierno ha asignado 1.200 millones de euros de los Presupuestos Generales para reducir los cargos del sistema en el tercer trimestre de 2021, específicamente los relacionados con los incentivos a las energías renovables. También ha introducido un subsidio (bono social) consistente en un descuento automático en los costes de electricidad y gas natural para los hogares más pobres. El bono eléctrico beneficiará a más de 3 millones de hogares y el de gas a 2,5 millones.

Actualmente, el Gobierno italiano está trabajando en la identificación de reformas estructurales como, por ejemplo, la transferencia paulatina de los cargos del sistema a los presupuestos generales.

Por su lado, el Gobierno de Portugal ha anunciado que cuenta con un “colchón” de 815 millones de euros para que los precios del mercado mayorista de electricidad no se traduzcan en subidas de la factura de los consumidores domésticos e industriales. El Ministro de Medioambiente ha informado que no habrá un aumento en el precio en 2022 para el 15% de los clientes en mercado regulado, y tampoco prevé que lo haya para los de mercado libre. En Portugal las tarifas reguladas se fijan por periodos de un año y están diseñadas para no repercutir la totalidad del incremento del precio mayorista.

Alemania no ha anunciado medidas específicas frente a la crisis actual, si bien lleva tiempo considerando cambiar el sistema de promoción de las energías renovables, que actualmente representa una cuarta parte del precio de la electricidad, abogando por su eliminación de la factura, de forma que el coste lo asumirían los Presupuestos del Estado.

Los gobiernos de estos países están conteniendo los efectos de la subida de los precios energéticos concediendo ayudas directas a los consumidores y reduciendo las tarifas eléctricas mediante la eliminación de los cargos, pero en ningún caso hay una intervención en el mercado mayorista como la aprobada por el Gobierno de España.

Como coinciden en señalar los analistas financieros internacionales, las últimas normas aprobadas en nuestro país crean inseguridad jurídica y regulatoria y dejan en desventaja competitiva a las compañías eléctricas españolas respecto a sus competidores europeos.

 

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