España «no sale bien en la foto en cuestión de gestión de residuos», ha señalado la vicepresidenta cuarta del Gobierno Teresa Ribera, para quien es necesario recuperar el tiempo perdido, mediante la aprobación mañana en Consejo de Ministros de un nuevo marco jurídico en esta materia.
Con motivo del Día Mundial del Reciclaje, Ribera ha inaugurado este lunes el evento «Economía Circular: el momento es ahora», en el que ha profundizado sobre la importancia de la transición hacia una economía circular, no solo por sus innumerables beneficios sino por las oportunidades que este modelo aporta en términos económicos, tecnológicos y de innovación.
En un acto en el Real Jardín Botánico, en palabras de la ministra, «uno de los sitios más bonitos de Madrid», Ribera ha ido desgranando los aspectos más importantes del proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que el Gobierno pretende aprobar mañana y que incorporará «objetivos exigentes» como la implantación de fiscalidad ambiental.
En los próximos años -ha continuado la también Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico-, debemos dar con la futura ley «un gran paso en el modo en gestionar nuestros residuos», que, entre otros actores, debe contar con el apoyo de las administraciones locales y autonómicas, ciudadanos y sectores industriales.
Algunas de las medidas más importantes son reducir para 2030 un 15 por ciento de los residuos que los ciudadanos generaban en 2010, con una reducción a la mitad del residuo alimentario en hogares, e incrementar las tasas de residuos municipales en 5 puntos porcentuales cada 5 años desde 2020, hasta alcanzar el 65 % en 2035.
La ministra ha incidido también en la reducción para 2030 de un 70 por ciento de los recipientes alimentarios, como vasos de plástico de un solo uso, tarea, que, a su juicio, supondrá «un cambio en el comportamiento como consumidores».
Respecto a la fiscalidad ambiental, Ribera ha destacado que la ley introduce «elementos largamente demandados por instituciones como la OCDE o la propia Constitución» y que hoy cuentan con un marco fraccionado entre comunidades autónomas.
En primer lugar, el impuesto sobre el depósito en vertedero y la incineración porque, «no es razonable», que más del 50 % de nuestros residuos vayan al vertedero: «no podemos hacer de estos espacios la opción más atractiva y menos costosa, porque los costes surgen en otro lado».
En este punto, ha incidido en la necesidad de un marco común en esta materia para todo el país, evitando el denominado «turismo de residuos entre regiones», conscientes de que muchas comunidades autónomas cuentan ya con figuras de este tipo.
Otro de los impuestos es el referido a los envases de plástico no reutilizables, hasta hoy exento de este tributo, y sobre el que se ha despertado una inmensa sensibilidad en la opinión pública, ha precisado Ribera, para quien reducir dichos envases contribuirá a rebajar nuestra factura con la Unión Europea (UE).
La ley aborda también otras cuestiones como la prohibición de la destrucción de excedentes no perecederos, el fomento del consumo de agua potable, la obsolescencia prematura y la recogida separada de bioresiduos en 2022 para entidades locales con mas de 5.000 habitantes y en 2024 para las demás,
Antes de 2025, se implantarán nuevas recogidas separadas de textiles, enseres voluminosos, aceites de cocina usada y residuos domésticos peligrosos, fracciones que deben separarse en todos los ámbitos, y no solo en el de competencia municipal.
Además de esta regulación marco, el proyecto prevé la introducción de nuevas obligaciones de responsabilidad ampliada en productos como textiles, muebles, enseres, plásticos agrarios y determinados plásticos de un solo uso.