La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha rechazado este martes que las normas aprobadas por el Gobierno, concretamente el real decreto 23/2020, estén provocando un cuello de botella en el despliegue de proyectos renovables.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Ribera ha explicado que el cuello de botella no lo ha creado la norma aprobada por el Ejecutivo, sino el «interés desbordado» por el sector, además de las dificultades de visibilidad que existe para saber cuáles de los proyectos que cuentan con permisos de acceso y conexión son reales.

Ribera ha recordado que cuando se aprobó esta norma, que entre otros aspectos adoptaba medidas contra la burbuja de solicitudes de acceso, en España había 150 gigavatios (GW) de potencia renovable con permisos de acceso y conexión a la red que estaban copando prácticamente «toda la capacidad disponible».

 

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En este sentido, la vicepresidenta ha manifestado que esta cantidad está «muy por encima» de lo que nunca se había manejado no como necesario ni como viable, ya que las previsiones apuntan que España necesita instalar cerca de 35 GW hasta 2025 y 60 GW para 2030.

Por ello, Ribera asegura que el Gobierno quiso tener visibilidad sobre cuántos de estos proyectos tenían sentido empresarial real, y cuántos se debían a una operación especulativa en la que era muy difícil que los proyectos pudieran salir a la luz.

Así, el Ejecutivo ha puesto en marcha un modelo ordenado con el objetivo de garantizar que cuando alguien tenga permisos de acceso y conexión a la red, cuente con un proyecto real detrás.

Sin embargo, Ribera ha explicado que la necesidad de ofrecer todas las garantías en la gestión de este procedimiento, ya sea mediante la concesión de permisos para nuevas plantas o a través de declaraciones de impacto ambiental, está «desbordando» a los servicios de las administraciones publicas dedicadas a esta tarea.

En esta línea, las comunidades autónomas, que gestionan una parte importante de la gestión de este proceso, ya han trasladado al Ministerio su preocupación al respecto.

Ribera espera encontrar una respuesta que mantenga las garantías tanto para los desarrolladores de proyectos como para los ciudadanos que conviven en el territorio, y que en determinadas ocasiones ven con preocupación como algunos proyectos, difícilmente viables desde el punto de visto ambiental, de suelo y económico, ocupan prácticamente todo su término municipal.

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