La vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Teresa Ribera, pidió este viernes a las empresas eléctricas que no alteren los acuerdos de precios con la industria incluso cuando se puedan producir vencimientos, en un contexto de fuerte inflación impulsada por la carestía de la energía.

«Hay un compromiso firme por parte de las grandes empresas eléctricas de no alterar las condiciones en las que venían firmando acuerdos de cobertura, de precio, a la industria. Y es importante que los mantengan», declaró a la prensa la también ministra para la Transición Ecológica desde la cumbre de clima de la ONU que se celebra en Glasgow.

La ministra agregó que es importante mantener los acuerdos «incluso en aquellos supuestos en los que se pueda producir el vencimiento, porque toque, de esos contratos (…) con los consumidores industriales».

El índice de precios de consumo (IPC) subió en octubre el 5,4 % interanual, una décima menos de lo anticipado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), pero 1,4 puntos por encima de la tasa registrada en septiembre, un alza provocada por el encarecimiento de la electricidad y las gasolinas.

Se trata de la tasa más elevada desde septiembre de 1992, de acuerdo con la información del INE, que explica que, sin tener en cuenta el descenso del impuesto especial sobre la electricidad, la tasa interanual del IPC sería del 6,1 %, según recoge el índice a impuestos constantes.

 

El IPC se disparó en octubre hasta el 5,4%, una décima menos de lo esperado, y marca máximos en 29 años

«Todavía tenemos que ver de qué modo puede ir evolucionando esa afección de los precios del gas en los mercados internacionales», agregó Ribera, que recordó que el Gobierno adoptó medidas para contener la factura eléctrica de los hogares vinculadas a la tarifa regulada.

Valoró también que esas medidas, en su opinión, han facilitado que «la tarifa ofrecida por los comercializadores libres en ocasiones se ha visto reducida, como consecuencia de esa reducción tan significativa de la carga fiscal y de los costes fijos que pasan a ser asumidos de forma excepcional por parte de los Presupuestos, de los contribuyentes».

«Creo que es muy importante generar confort sobre todo en los hogares españoles», añadió la vicepresidenta, quien señaló que «la responsabilidad del Gobierno es buscar todas aquellas soluciones que puedan paliar los efectos del incremento exponencial del precio del gas natural en los mercados internacionales en los costes energéticos de la cesta de las familias y de la industria».

En cuanto a la posibilidad de intervenir la factura, que el sector eléctrico rechaza, Ribera señaló que intentará buscar «el máximo consenso» y no fijó plazos para llevarlo a cabo.

«Ha habido movimientos. Algunas empresas han expresado su oposición a que esta energía renovable pagada a la rentabilidad asegurada por ley pudiera ponerse a disposición de terceros. Ha habido también oposición por parte de algunos comercializadores que prefieren que no se cambie nada» porque «aparentemente está resultando difícil el que haya un espacio común».

«No hay fecha si no hay consenso (…). Por ahora no veo fácil que haya consenso en torno a esta cuestión», concluyó.

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