No ha habido Gobierno español en democracia que no se haya tenido que enfrentar duramente contra las grandes compañías eléctricas. Desde Felipe González con su moratoria nuclear hasta Rajoy por su hachazo a las renovables. Ahora, le toca el turno a Sánchez. Todo indicaba que las compañías eléctricas eran los nuevos aliados del Gobierno en la transición energética, en este proceso de descarbonización y electrificación de la economía.

Pero el buen rollo que se ha mantenido hasta ahora se ha acabado. La decisión del Gobierno de restarle una serie de ingresos ha sido la gota que ha colmado el vaso. Las eléctricas plantarán una dura batalla legal contra el hachazo de 1.000 millones anuales que le asestará el Gobierno, probablemente a partir del próximo año.

Fuentes del sector eléctrico señalan a este diario que «el anteproyecto va en contra del derecho comunitario y es una intervención en los precios de mercado».

Los grandes gabinetes jurídicos de las grandes eléctricas ya se están estudiando el anteproyecto que fue colgado en la web del Ministerio en la tarde del martes. Lo primero será plantear todas las alegaciones necesarias para tratar de cambiar el texto normativo.

Después, ya tocará hacer de lobby con otros partidos políticos para que el Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) no puedan sacar adelante este Anteproyecto de Ley en el Congreso.

Y si finalmente se aprobase, entonces sería cuando recurrirían la nueva norma ante las altas instancias judiciales, es decir, en el Tribunal Supremo y si hiciera falta ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Ribera, pues, ya tiene servida la que será su gran batalla jurídica con las eléctricas. Hasta ahora, más o menos, cada decisión de la vicepresidenta tenía el visto bueno de las compañías, pero este recorte es tan duro que no pueden dejarlo pasar, y menos cuando ha tenido una repercusión en bolsa tan fuerte con pérdidas de casi 5.000 millones de euros en estos dos días.

Además de que las eléctricas tienen claro que es recurrible esta medida, las casas de análisis también creen que el recorte va contra derecho. Así, la firma RBC asegura en un informe que «creemos que es probable que las eléctricas españolas luchen contra este reglamento en los tribunales y, por ejemplo, podría argumentar que esta propuesta va en contra del acuerdo nuclear».

El acuerdo nuclear es el calendario pactado entre Gobierno, eléctricas y Enresa para el cierre escalonado de las plantas nucleares entre 2027 y 2036. Pero Ribera por ese lado see ha mostrado tranquila ya que cree que las condiciones de mercado de ahora son sensiblemente mejores que cuando se pactó el acuerdo y que por tanto no pueden quejarse de ello.

Por su parte, BNP asegura en otro informe que «entendemos que la nueva ley debe ser respetuosa con la ley de la UE y esperamos que las eléctricas apelen contra cualquier posible discriminación tecnológica o cambio en el mecanismo de fijación de precios marginales del mercado mayorista».

Además, Bestinver, la casa de análisis de Acciona, una de las empresas perjudicadas por la medida, afirma que «creemos que esta modificación regulatoria es compleja desde el punto de vista legal, ya que supone una intervención del mercado eléctrico, cuya regulación la marca la Unión Europea. Las empresas de servicios públicos desafiarán esta legislación en los tribunales y probablemente ante la UE».

Por si fuera poco, varias de estas casas de análisis piensan que el PNV no apoyará esta medida y que por tanto no será fácil su aprobación en el Congreso.

En definitiva, Sánchez y Ribera ya tienen servida en sus manos su primera gran batalla jurídica contra las eléctricas. Y será dura y larga, como ha sucedido con anteriores gobiernos.

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