El Gobierno calcula que 27 millones de españoles vivirán en 2050 en zonas de estrés hídrico, al que considera uno de los problemas medioambientales «más acuciantes» y que se magnificarán en los próximos años y alerta de que los bosques del noroeste se parecerán a los del Mediterráneo a mitad de siglo, una fecha en la que España será uno de los países de la Unión Europea con mayor riesgo de incendios.

Así lo manifiesta el Ejecutivo en plan ‘España 2050: Fundamentos y Propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo’ que ha presentado este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En el extenso documento, alerta de que a consecuencia del cambio climático España será en 2050 uno de los países de Europa que más verá reducida su disponibilidad de agua dulce en las próximas décadas por lo que aunque no prevé que la población vaya a sufrir cortes de agua, sí considera que «habrá que replantear la forma» en la que «hasta ahora» se ha gestionado el recurso.

En general, estima que la España de 2050 será «más cálida, árida e imprevisible» que la actual con sequías que afectarán a más del 70 por ciento del territorio a las que se sumarán incendios e inundaciones «más frecuentes y destructivos» y con una temperatura y nivel del mar más elevadas que provocarán daños severos en sectores «clave» como la agricultura o el turismo.

Por ello, en su planteamiento, el Gobierno adelanta que en materia de agua habrá que desarrollar fuentes alternativas de abastecimiento, como la reutilización o desalinización a partir de energía renovable; reducir las pérdidas que se producen en la red de saneamiento y suministro; y garantizar unos elevados estándares de la calidad del agua. De ese modo, confía que con el agua «renovable» junto con un consumo moderado se podrá aliviar la presión sobre el recurso en «muchos» territorios del país.

Además, alerta de que esta menor disponibilidad de agua provocará la transformación de los ecosistemas, alterará paisajes, y que en 2050 aumentarán las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, y el área con alto riesgo de desertificación se incrementará considerablemente.

De ese modo, advierte de que los bosques atlánticos Galicia, Asturias o Cantabria «empezarán a parecerse» a los que existen en la actualidad en el Mediterráneo y la tundra de los Pirineos se reducirá en un 90 por ciento. Todo ello provocará incendios más frecuentes y destructivos por la mayor sequedad, falta de lluvias, despoblación rural y dará como resultado que España sea uno de los países de la UE con más días de peligro alto o extremo de incendios forestales.

A mitad de siglo según el Gobierno –que «duda» de si se podrá cumplir el Acuerdo del Clima de París en todo el mundo–, el fuego, las plagas las tormentas de viento y el estrés hídrico pondrán «en serio peligro» los ecosistemas forestales y amenazará la vida humana y de otras especies, al tiempo que se limitará la función de los bosques para secuestrar CO2, controlar la erosión del suelo, regular el agua o suministrar madera.

Todo ello, añade, repercutirá en la salud de manera «severa» ya que el aumento de las temperaturas y las olas de calor causarán la muerte de 20.000 personas al año en 2050.

El diagnóstico climático y ambiental ha llevado al Gobierno establecer como uno de los 12 ejes fundamentales en los que articula 200 medidas a implantar de aquí a mitad de siglo la transición hacia un modelo sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Asimismo, en el contexto de 2021 opina que la pandemia del coronavirus se convertirá en «el gran catalizador» de esta transición ecológica, no solo en España sino en el conjunto de Europa. Precisamente, destaca que la transición ecológica «generará multitud de oportunidades en sectores como el de la movilidad, la logística y la distribución; la construcción y rehabilitación de edificios; la generación, distribución y almacenaje de energías limpias; la producción de bienes reciclados y reciclables; la alimentación saludable y respetuosa con el medio ambiente, el turismo y el ocio sostenible.

Las medidas que plantea el Ejecutivo van encaminadas a convertir el país a mitad de siglo en «una sociedad neutra en carbono, sostenible y resiliente al cambio climático».

Para ello, quiere acometer un «cambio radical» que acabe entre otras cuestiones con el modelo de producción y consumo lineal basado en extraer, producir, consumir y tirar, para implantar una economía circular y neutra en carbono antes de 2050 así como establecer las medidas que permitan minimizar los impactos del cambio climático.

El Plan para mitad de siglo asegura que todo ello implicará, entre otras cosas, «cambiar radicalmente» la forma de generar energía, la movilidad, la producción de bines y servicios; habrá que aprovechar «toda la riqueza» de España en fuentes de energía renovable; electrificar el transporte; reinventar las cadenas de valor; replantear los usos del agua; reducir al mínimo los residuos; apostar por la agricultura ecológica e impulsar la fiscalidad verde. «Esto deberá hacerse en un tiempo récord, sin reducir la competitividad de nuestra economía, y sin dejar a nadie atrás», aclara.

En el marco de las «profundas» transformaciones «necesarias» para lograr la neutralidad de carbono establece una serie de objetivos entre los que destaca el de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90 por ciento en 2050 ya que el resto, el 10 por ciento de reducción saldrá de la absorción de los sumideros de carbono.

También marca el reto de reducir la demanda total de agua un 5 por ciento en 2030 y un 15 por ciento en 2050; reducir la intensidad energética primaria en un 36 por ciento en 2030 y en un 63 por ciento en 2050 respecto a los valores de 2015. Otro de los objetivos será lograr que «la totalidad» de la energía eléctrica sea generada mediante fuentes renovables en 2050, mientras que para 2030 fija el objetivo en el 74 por ciento, en línea con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia a Largo Plazo.

Otra de las medidas será fortalecer el papel de los impuestos verdes para que España alcance la media de los países europeos antes de 2030 e incrementar más la ambición de la fiscalidad verde en las siguientes dos décadas para asegurar «que se completa la descarbonización y se impulsa de forma decidida la economía circular y la protección medioambiental».

Asimismo, quiere que la superficie de producción agrícola ecológica crezca hasta el 25 por ciento en 2030 y hasta el 60 por ciento a mitad de siglo e incrementar las superficies forestales arboladas para proteger la biodiversidad, mejorar la resiliencia de los ecosistemas e incrementar la capacidad de los sumideros de carbono. En concreto, quiere lograr una tasa de reforestación media de 20.000 hectáreas al año entre 2021 y 2050, cinco mil hectáreas más que las actuales

El Gobierno en este ámbito observa once frentes, con una batería de medidas dirigidas a lograr una «visión integral» de la transición ecológica; a lograr una «mayor atención» a la interacción entre el cambio climático, la degradación medioambiental y la salud de las personas; a poner en marcha un «marco de incentivos e instrumentos fiscales que garantice una transición ecológica eficiente y socialmente justa a través de una fiscalidad ambiental que corrija las «externalidades negativas» en el medio ambiente.

Por otro lado, establece distintas propuestas en ámbitos como el fomento de la innovación; la transformación de la movilidad; la gestión de los recursos hídricos; reducir el riesgo de incendios; mejorar la educación ambiental o el refuerzo de las políticas públicas.

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