La consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, ha dicho que es necesario abordar una reforma de la fiscalidad energética y ambiental para lograr la descarbonización porque es imposible incentivar el uso de la electricidad, si ésta soporta más cargas fiscales que otros vectores energéticos.

Santamaría, que ha comparecido este lunes en la Comisión para la Transición Ecológica del Senado, ha indicado que la electricidad soporta un 8 % más de impuestos que el gas y un 50 % más que las gasolinas.

Ha añadido que una reforma de la fiscalidad energética y ambiental «permitiría un terreno de juego justo» y que el consumidor base sus decisiones en señales de precio reales

En su opinión, en la actualidad hay un «terreno de juego desigual», en el que los sectores difusos, como el transporte, no están sometidos al comercio de emisiones de CO2, pese a contaminar.

La consejera delegada de Iberdrola España se ha referido también al Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que sacará de los costes fijos de la factura de la luz la financiación a las renovables y repartirá su costes entre los comercializadores de luz, gas y productos petrolíferos.

Para Santamaría, repartir el coste de políticas del pasado entre todos los sectores energéticos «es un paso en la buena dirección» y ha recordado que en otros países, sin la gradualidad que establece este sistema en España, se ha hecho de forma «más brusca», como en Alemania, donde se ha creado un impuesto específico para combustibles fósiles usados eb el transporte privado y calderas.

ENTIENDE RESISTENCIA AL FNSSE PERO DICE QUE NO TIENE DISCUSIÓN

Ha indicado que ella puede entender la resistencia que pueden oponer otros sectores, como el de los hidrocarburos, a la implantación del Fondo de Sostenibilidad «pero esto no tiene discusión».

Ángeles Santamaría ha dicho que el sector de los hidrocarburos «lucha como gato panza arriba» contra muchas medidas que «son inapelables» y que van a ocurrir aquí, en España, y en todo el mundo, al tiempo que ha destacado la importancia de aplicar cuanto antes medidas, porque eso puede situar al país en cabeza o «ponernos a la cola».

También ha recordado que ya son muchos los países que van avanzando en limitar y prohibir la expansión de infraestructuras de gas a futuro, como Estados Unidos, y también la ciudad de Ámsterdam, que trabajan en que no se desarrollen más infraestructuras de gas para climatización.

En este sentido, ha recordado también que el 70 % de promociones de nuevas viviendas en Madrid ya se están haciendo con equipos eléctricos de aerotermia.

También ha considerado contradictorio el límite legal por el que no se puede invertir más del 0,14 % del PIB en redes eléctricas, pues impide adaptar las redes al ritmo que se requiere y desarrollar una industria asociada, al tiempo que ha señalado que se podrían crear 18.000 empleos con las inversiones adicionales que elevan en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) a 20.000 millones las inversiones en redes.

LOS FONDOS EUROPEOS NO DEBEN SER PARA PLANES DE NEGOCIO DE EMPRESAS

Santamaría también se ha referido a los fondos de reconstrucción europeos y ha dicho que no deben venir para financiar los planes de negocio de las empresas, sino que deben ser para proyectos adicionales que necesitan una parte de contribución pública para asentar industria y empleo en el país, así como para acelerar tecnologías a las que «hace falta darles un empujón».

También se ha referido al almacenamiento a través de bombeos hidráulicos y ha dicho que «si no nos empezamos a poner las pilas» en hacer este tipo de instalaciones, no habrá ninguna al final de la década en España, ya que su periodo de construcción es de siete años.

En cuanto a tecnologías de respaldo a las renovables, como los ciclos combinados y las nucleares, ha indicado que, sobre todo estas últimas, «están sometidas a condiciones económicas insoportables» y ha recordado que, según datos del Foro Nuclear, la asociación que agrupa a las nucleares españolas, todas las centrales han tenido un resultado bruto de explotación (ebitda) negativo en el último año.

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