La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) demanda que el plazo que finaliza en junio de 2025 para construir los proyectos que en enero cumplieron el hito de obtener la declaración de impacto ambiental (DIA) para conservar su permiso de acceso y conexión debe prorrogarse dos años, si no se quiere que caigan proyectos.

El director general de UNEF, José Donoso, ha señalado durante la presentación del Informe Anual de UNEF que es imprescindible esa prórroga de dos años, que tiene que ser sencilla, pues el sector está en un proceso inversión y necesita captar 50.000 millones de euros.

Donoso, que ha explicado que para convencer a la iniciativa privada “hay que hacer las cosas bien”, ha recordado que en su día se hizo una regulación porque se venía de una situación en que había solicitudes de permisos de acceso y conexión que no perseguían poner una instalación y que bloqueaban los puntos de conexión a la red.

La visión de la UNEF

Por eso, se estableció un sistema en que había que cumplir con unos hitos administrativos intermedios en la tramitación del proyecto, pero eso generó una acumulación de expedientes a las administraciones, que no contaban con personal suficiente y sufrían también en algunos casos falta de digitalización.

Donoso ha dicho que eso hizo imposible el cumplimiento en plazo de los hitos establecidos por real decreto-ley y obligó al Ministerio para la Transición Ecológica a prorrogar los plazos.

Ahora la fecha establecida para culminar con toda la tramitación administrativa es diciembre de 2023, fecha en que los proyectos, para no perder su punto de conexión, tienen que tener todos los permisos y luego tienen de plazo para ser construidos y conectarse a la red hasta junio de 2025.

El director general de UNEF, que ha recordado que en enero se aprobaron declaraciones de impacto ambiental para 45 gigavatios (GW) -25 GW el Ministerio y 20 GW las comunidades autóomas-, ha explicado que a muchos proyectos de los aprobados se les han puesto condiciones o cambios en su perímetro, y tienen que volver a información pública.

Donoso ha dicho que ahora el reto fundamental son los 18 meses que quedan para construir las plantas, en el que determinadas empresas necesitarán negociar la financiación de su planta, algo que requiere tiempo, además de que ahora en el suministro de transformadores se tarda en estos momentos de 15 a 24 meses.

Con esta situación, ve difícil que se llegue a tiempo para construir los proyectos en los plazos marcados y ha dicho que si se segmentara en varios años el proceso para la construcción de la planta, se podría racionalizar la producción de componentes.

Donoso ha manifestado que esa prórroga de dos años de la fecha final para la conexión de los proyectos permitiría que no hubiera cuellos de botella ni tensiones inflacionistas en los suministros para su construcción.

Ha llamado a no desperdiciar el esfuerzo que han hecho los funcionarios para sacar adelante las tramitaciones administrativas por una “falta de conexión de la regulación con la realidad”, que se hizo pensando en otra situación.

“Para nuestro sector, es imprescindible la prórroga de dos años”, ha dicho Donoso, que también se ha referido a la oposición social que está habiendo contra algunos proyectos renovables.

Oposición social a las renovables

Ha explicado que para instalar toda la potencia fotovoltaica que contempla la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) sólo se necesitaría el 0,38 % del terreno agroganadero de España.

Ha afirmado que se puede seguir haciendo fotovoltaica y producción agrícola, y que el abandono de la actividad ganadera tiene más impacto en la reducción de superficie agrícola que el impacto de la actividad de la fotovoltaica.

Según Donoso, sólo con los terrenos abandonados en Cataluña en los últimos años se podría construir toda la potencia contemplada en elPNIEC

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